Valorando la legislatura agraria

Disueltas las Cortes y adelantadas al 23-J las elecciones legislativas, finaliza la legislatura iniciada en enero de 2020. Cabe entonces hacer balance del gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, y del que han formado parte ministros del PSOE y de Unidas Podemos.

En lo que se refiere a la cartera de Agricultura, el balance es relativamente fácil de hacer, ya que el ministro Planas ha ostentado esa responsabilidad desde junio de 2018, justo después de la moción de censura contra Rajoy. Han sido cinco años ininterrumpidos de Planas al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), siendo, junto a Carlos Romero (PSOE) y Miguel Arias (PP), uno de los ministros de Agricultura de mayor longevidad en ese puesto.

Un contexto complejo y difícil

Todos los analistas coinciden en que el gobierno Sánchez ha tenido que afrontar un contexto de extrema dificultad, atravesado por diversos acontecimientos. El primero ha sido, sin duda, la pandemia COVID-19, justo a los dos meses de su constitución, que paralizó la economía mundial y confinó a la población en sus domicilios. Ello creó, como bien sabemos, una grave situación de excepcionalidad, tanto en relación al abastecimiento de alimentos durante el confinamiento, como a los desajustes posteriores en la cadena de suministros.

Luego, el volcán de la isla de la Palma, de fuerte impacto tanto simbólico, como social y económico. Y, más tarde, a final de febrero de 2022, la invasión de Ucrania por el ejército ruso, que, además, de sus efectos en vidas humanas, ha tenido una influencia muy negativa en el mercado energético y de los cereales, así como en la producción de fertilizantes. A ello habría que unir el impacto de una fuerte sequía en la subida del precio de los alimentos, llevando la inflación a cotas de dos dígitos que no se veían desde hacía cuarenta años.

En ese contexto complejo y de respuestas urgentes a situaciones sobrevenidas, el MAPA ha aplicado, además, un programa bien definido de gobierno, con actuaciones de medio y largo plazo que han permitido sacar adelante temas de especial relevancia. Entre ellos, los relativos a la reforma de la PAC (Política Agraria Común), pero también los relacionados con la cadena alimentaria.

La reforma de la PAC

Respecto a la reforma de la PAC, el ministro Planas tuvo el acierto, al llegar al MAPA, de mantener una buena parte del equipo técnico anterior. Con ello daba a entender, con buen sentido de Estado, que la clave para ser eficaz en las negociaciones europeas es la continuidad de los equipos negociadores, al ser reservorios de información y de conocimiento en las distintas materias. La experiencia técnica atesorada en el MAPA ha sido de gran valor para sacar adelante temas complejos, como los agrarios, en los que es necesario argumentar con rigor, solidez y firmeza ante los socios europeos.

La reforma de la PAC 2021-2027 ha sido un buen ejemplo de esa complejidad, debido a los cambios en los objetivos y metodología introducidos por la Comisión Europea respecto a otras reformas y debido también al difícil contexto en que se tuvieron que desarrollar las negociaciones (Brexit, pandemia…) Aun así, el equipo dirigido por el ministro Planas supo sacar adelante el proyecto de reforma en tiempo y forma, elaborando el Plan Estratégico Nacional (PEPAC) y negociándolo con la Comisión Europea hasta su aprobación definitiva a final de 2022. Ello ha posibilitado que la nueva PAC pudiera entrar en vigor en este año 2023, tal como estaba previsto, y como así ha ocurrido.

En el PEPAC se hace un diagnóstico exhaustivo de la agricultura española, se establecen prioridades de actuación y se definen las medidas a adoptar de acuerdo con los objetivos generales marcados por la UE para todos los Estados miembros en materia de política agraria y rural. En el PEPAC, se han integrado todas las actuaciones correspondientes a los dos pilares de la PAC, siendo el resultado de un esfuerzo encomiable de capacidad técnica para dar respuesta, con sentido de Estado, a la diversidad y complejidad de nuestro sector agrario y de nuestros territorios rurales.

Entre las medidas incluidas en el PEPAC, está el compromiso de convergencia de las ayudas directas del primer pilar, asumido por el ministro Planas ante la Comisión Europea. Asumir ese compromiso no era nada fácil, dado el diabólico legado de las 50 regiones agronómicas con las que el ministro Arias Cañete (PP) había dividido el territorio español para el cálculo de los pagos directos a los agricultores, y que venía generando importantes y, para muchos analistas y representantes del sector, inadmisibles divergencias entre beneficiarios y entre territorios. Para tener una idea de la singularidad del caso español y de la dificultad de abordar la convergencia, pensemos que, en el resto de la UE, el número de regiones oscilaba entre 1 (tasa plana) y 3.

Con buen criterio (suma de prudencia y pragmatismo político) y tras arduas y complejas negociaciones con las Comunidades Autónomas, el PEPAC las reduce a 20 regiones. Con ello, el MAPA, guiado por los intereses generales, ha sabido encontrar un denominador común que satisfaga a la mayoría y que cause el menor perjuicio posible a aquellas Comunidades que indudablemente se han visto afectadas negativamente por esa reducción al ser las que en conjunto más se beneficiaban con el anterior sistema de 50 regiones (por ej. Andalucía) En todo caso, habrá que seguir adelante con el proceso de convergencia, sólo iniciado con esta reforma.

Otro asunto de especial significación en la reforma, e incluido en el PEPAC, ha sido el programa conocido como ecorregímenes. Es un programa de nuevo cuño, que sustituye al anterior greening, y con el que se pretende orientar las prácticas agrícolas y ganaderas en la dirección de la lucha contra el cambio climático y la erosión de los suelos, así como de la descarbonización, en línea todo ello con los compromisos adquiridos por la UE en el marco de la Agenda 2030. El equipo del MAPA ha hecho un importante esfuerzo para ofrecer siete ecorregímenes a los agricultores, algunos de ellos basados en prácticas agrarias que venían siendo utilizadas de forma tradicional en las explotaciones. Al ser programas voluntarios, corresponde ahora a los agricultores acogerse a esos programas si quieren complementar la ayuda básica con la ayuda asociada a la asunción de alguno de los ecorregímenes.

Finalmente, cabe destacar del PEPAC la inclusión de la “ayuda redistributiva” en favor de los titulares de pequeñas explotaciones, y la limitación de la cuantía máxima de ayudas a percibir por un mismo agricultor (capping), medidas ambas que por primera vez se introducen de forma obligatoria en la aplicación de la PAC en nuestro país. Asimismo, la inclusión de la componente “género”, con ayudas complementarias para el caso de mujeres que se instalen en la agricultura.

La cadena alimentaria

Pero no toda la acción del MAPA ha sido la reforma de la PAC. El ministerio dirigido por Planas ha afrontado también la reforma de la legislación sobre la cadena alimentaria, aprobando la ley 16/2021, que introduce importantes medidas para equilibrar su funcionamiento y mejorar la posición del su eslabón más débil, los agricultores.

En una economía de mercado, como la nuestra, la eficacia de este tipo de medidas dependerá de que la propia cadena agroalimentaria haga suyo el mensaje de que es necesaria la cooperación entre sus distintos componentes. No obstante, al MAPA le ha correspondido la función de impulso y concienciación para poner en valor ante la sociedad la importancia estratégica de nuestra agricultura y la necesidad de precios justos para los productores.

También se ha ocupado el ministerio dirigido por Planas de abordar el tema de las pérdidas y el desperdicio de alimentos que se produce a lo largo de la cadena, elaborando un proyecto de ley, cuya aprobación definitiva ha quedado pendiente en el Senado por el adelanto electoral. Además, ha afrontado el debate sobre el tamaño de las granjas ganaderas, aprobando normas que limitan el número de cabezas para evitar el desarrollo incontrolado de las macrogranjas, si bien este es un tema que seguirá siendo objeto de debate en los próximos años, dados los fuertes cambios a los que está sometido el sector ganadero.

El precio de los alimentos

Por último, cabe hacer un comentario sobre lo que algunos pueden ver como una sombra en la gestión del MAPA, y otros como el resultado inevitable de la sequía y de la influencia del contexto internacional. Me refiero a la inflación alimentaria, que, si bien ha descendido en los últimos meses, continúa por encima del 10%.

El rasgo característico del ministro Planas a la hora de abordar este problema ha sido no interferir en el funcionamiento del mercado, consciente de que en una economía abierta como la nuestra, cualquier intervención por parte del poder público puede tener efectos no deseados. Por eso se ha negado a limitar precios y a fijar una cesta de alimentos básicos, a pesar de las presiones recibidas por parte de grupos cercanos a sus socios del gobierno de coalición.

En este asunto, el ministro Planas ha apostado por la adopción de medidas generales, como la rebaja del IVA o la concesión de una ayuda a las familias de baja renta. Pero, sobre todo, ha confiado en la capacidad de nuestra cadena alimentaria para autorregularse, sabiendo de la eficacia demostrada en el periodo de la pandemia para garantizar el abastecimiento de alimentos.

Balance

En definitiva, en un contexto complejo y lleno de dificultades, el balance de la legislatura agraria puede valorarse en general como positivo. El MAPA ha sabido afrontar el reto de la reforma de la PAC, defendiendo los intereses de España en la UE y asegurando un presupuesto de casi 50.000 millones de euros para todo el periodo de aplicación.

Asimismo, se ha manifestado con firmeza en la defensa de los agricultores frente a ataques e incomprensiones de otros grupos (por ej. con los aranceles americanos a la aceituna negra; con el tema de la ampliación de las zonas de conservación del lobo, o, más recientemente, con la demonización de los productores de fresa). Además, el MAPA ha abordado con decisión los efectos de la guerra de Ucrania y de la sequía en las rentas de los agricultores, aprobando importantes paquetes de ayudas (como las dirigidas a mitigar el aumento del precio del gasoil y de los fertilizantes, o las destinadas a bonificar los seguros agrarios), además de flexibilizar la aplicación de algunas medidas de la nueva PAC.

Hay, sin duda, cuestiones pendientes, al igual que temas que, por su naturaleza integral, no puede ser abordados por un solo ministerio, como es el caso del problema del relevo generacional, en el que convergen factores económicos, pero también culturales, jurídicos, fiscales, educativos…, siendo siempre limitadas las iniciativas surgidas de un solo ministerio por muy loables que sean (por ej. el programa “Cultiva” o la iniciativa sobre “Cooperación para la sucesión de las explotaciones agrarias”).

Lo mismo sucede con las iniciativas para fomentar la digitalización en el sector agrario (enmarcadas en la Estrategia de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural), que son herramientas al servicio de los agricultores, pero que es a ellos a quienes corresponde utilizarlas. Algo similar ocurre con el problema de la despoblación de algunas zonas rurales del interior, en las que la agricultura desempeña, sin duda, un importante papel en el desarrollo y revitalización de estas zonas, pero también otras actividades. La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico va en esa dirección, aportando el MAPA propuestas interesantes en el Plan de 130 medidas aprobado por el gobierno.

Hay además problemas que afectan a la rentabilidad de algunos sectores muy sensibles de nuestra agricultura y ganadería (como el sector lácteo), pero cuya solución no depende sólo de las actuaciones del MAPA, sino de las decisiones del propio sector en materia de vertebración asociativa, innovación tecnológica o gestión de las explotaciones.

Buscar un razonable equilibrio entre sostenibilidad económica, social y medioambiental es el reto principal del sector agrario en la actualidad. Al MAPA le corresponde la función de aunar esfuerzos y promover la cooperación entre los distintos componentes de nuestra agricultura y ganadería para ir juntos en esa dirección, cosa que ha procurado hacer en un contexto de extraordinaria dificultad, como el señalado.

En todo caso, la política desarrollada por el MAPA en esta legislatura ha tenido lugar en un marco de colaboración con las organizaciones profesionales (tanto generales como sectoriales) y cooperativas, mediante decenas de reuniones formales e informales. De este modo, el MAPA ha contribuido a promover, junto al sector agrario, la imagen de una agricultura y ganadería como la española, innovadora, abierta al mundo y comprometida con los grandes retos del cambio climático, la digitalización, la renovación generacional y la transición energética.