Un hombre hace la compra en una gran superficie comercial.

Limitar el precio de los alimentos: inviable, ilegal y contraproducente

La propuesta de Yolanda Díaz ha levantado una gran polvareda mediática, pero los expertos coinciden en los efectos negativos que tendría.
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En el contexto inflacionario de escalada de los precios de la cesta de la compra, y justo en plena campaña de promoción de su plataforma “Sumar”, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha propuesto que el Gobierno “tope” (limite) el precio de algunos alimentos básicos. Es una propuesta que, a pesar de su nula viabilidad, ha recibido importante audiencia mediática, en un contexto ávido de titulares impactantes.

Sin embargo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha respondido señalando que esa propuesta no es legal, ni en el marco de la legislación española, ni en la europea. También ha señalado que sería contraproducente. En ello coincide con la mayoría de los economistas, que opinan que “topar” (limitar) el precio de los alimentos podría provocar graves distorsiones del mercado, con efectos imprevisibles en su funcionamiento (acaparamiento, mercado negro, desabastecimiento…)

El sector agrario en su conjunto ha rechazado esa propuesta, pues teme que sean los agricultores los perjudicados al ver recortados, aún más, los ya bajos precios que reciben por sus productos. Incluso algunos compañeros del grupo Unidas Podemos, como Echenique, han planteado serias dudas sobre la viabilidad de la propuesta de Yolanda Díaz.

Por eso, la ministra ha tenido que recular, sustituyendo su propuesta inicial de “topar los precios” por la de “promover acuerdos” entre los distintos agentes de la producción y la distribución para frenar el alza de los precios de los alimentos. Incluso ella misma se ofrece para impulsar esos contactos, algo que resulta sorprendente, ya que no entra dentro de las competencias de su ministerio.

La promoción de acuerdos entre la producción, el comercio y la distribución sí es una propuesta legal y factible. Es algo que se viene haciendo en el marco de la Ley de la Cadena Alimentaria, reformada hace dos años por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El ministro Planas, desde el MAPA, ha impulsado esos acuerdos en continuas reuniones con los agentes de la cadena alimentaria.

Iniciativas como el acuerdo de la organización agraria UPA y la distribuidora Lidl sobre el precio del aceite de oliva van en esa dirección al igual que acuerdos similares en torno a otros productos. La reciente iniciativa de Carrefour de crear una cesta de 30 productos básicos a 30 euros va más lejos, y supone un golpe de efecto en el comercio alimentario. Seguramente la iniciativa será continuada por otras empresas, como Mercadona, que no querrán quedarse detrás de su gran competidor.

Son estrategias comerciales para ganar consumidores bajando los precios de algunos productos y sacrificando ganancias para, en un contexto de restricción del consumo, asegurarse cuotas de mercado, fidelizar clientes y de paso quitarles algunos a la competencia. Más allá del fuerte impacto mediático que está teniendo la iniciativa de Carrefour, es todavía pronto para medir su efecto real en el precio de la cesta de la compra y sus consecuencias nada halagüeñas en el pequeño comercio.

Desde un punto de vista político, llama la atención que la ministra de Trabajo y Economía Social entre en un terreno que, como he señalado, no le corresponde por ser el área del ministro Planas, en cuyo ministerio se enmarcan los temas relacionados con la producción y distribución de alimentos. Sólo es explicable la actitud de Yolanda Díaz por el afán de notoriedad que persigue en el momento de lanzar la campaña de su plataforma electoral.

Sin embargo, la imagen que se traslada es, una vez más, la de falta de coordinación entre los grupos que componen el gobierno de coalición, cuando no de evidente irresponsabilidad por parte de la ministra Díaz adentrándose en un área que no es la suya, tal como hizo el ministro Garzón en el tema de las macrogranjas.

Estamos ya en el comienzo de una larga e intensa campaña electoral que nos llevará primero a las municipales de mayo y luego a las generales de final del año 2023. Serán unos meses en los que cada grupo político intentará marcar su propio espacio y ganar audiencia en el electorado, y eso generará sin duda tensiones dentro del gobierno de coalición.

Y todo ello en un contexto muy complicado desde el punto de vista económico, en el que podrá verse quien lo aprovechará con propuestas imposibles de cumplir, pero fáciles de escuchar por una población agobiada, y quien intentará aportar alguna dosis de racionalidad que nos pueda conducir por un camino lleno de curvas e incertidumbres.

3 comments

  1.  

  2. EGarcia 10 septiembre, 2022 at 00:39 Responder

    Fijar precios máximos de la energía se está aprobando por el gobierno español y propiciando por la Unión Europea. Hace unos meses se tachaba de imposible y algunos de casi contraria a la Constitución y, por supuesto, al libre mercado.
    La iniciativa de Yolanda Diaz y del ministro de Consumo, puede ser también un camino oportuno y necesario que llegue a aprobar el gobierno.

  3. Jose Luis Peralta 10 septiembre, 2022 at 18:10 Responder

    O Yolanda Diaz no sabe de lo que habla o se ha decidido por el populismo.
    Ni topar precios ni los acuerdos con grandes distribuidores sirven. Los acuerdos son más ilegales que los topes. Los grandes perdedores serán siempre la pequeña distribución y los consumidores

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