Apuntes sobre inflación alimentaria

Ante la complejidad del tema de la inflación alimentaria, y el debate que ha suscitado en los medios de comunicación y en el ámbito político, expongo aquí unas reflexiones esquemáticas con el objetivo de aportar alguna información de interés.

• La inflación corroe la economía, y sus efectos son demoledores, sobre todo en las clases medias y trabajadoras. Aún lo es más si la subida de precios se ceba en los alimentos, como ocurre con la inflación que afecta hoy al conjunto de la UE.
• Es verdad que no estamos en situaciones de hiperinflación como sí lo están otros países (Argentina supera el 90%, Turquía el 65%). Pero, acostumbrados en la UE a niveles de precios por debajo del 2%, la opinión pública europea percibe como un serio problema que la inflación general esté hoy en el entorno del 8% de media (con picos de desviación de más del 20% en Hungría y en los países bálticos) y, sobre todo, que el precio de los alimentos haya escalado al 18% (con subidas de más del 50% en algunos productos).
• Es un tema difícil de gestionar desde el ámbito de la política, pues una vez que se instala la espiral inflacionista, su descenso suele ser de una exasperante lentitud. Ahí radica el coste político de la inflación para cualquier gobierno, ya que la opinión pública tiene la sensación de que se hace poco para afrontar un problema que se siente de forma tangible en el bolsillo de los ciudadanos. Aun así, los gobiernos tienen que actuar de alguna forma para no ser acusados de pasividad, y esto a pesar de que saben que los resultados de las medidas adoptadas sólo se verán a medio plazo.
• Desde la creación del euro en 2002, la inflación en la eurozona ha estado controlada en el entorno del 2% (que es el objetivo del Banco Central Europeo), alcanzando incluso tasas negativas hasta 2020, justo antes de que llegara el confinamiento por la COVID. Sin embargo, a la salida de la pandemia, la inflación fue escalando hasta llegar al 6,5% a finales de 2021, debido sobre todo a los desajustes producidos en la cadena internacional de suministros, con su doble efecto en la reducción de la oferta de algunos insumos industriales y en el aumento de los costes del transporte de mercancías.
• La guerra de Ucrania ha hecho que se acelere el ritmo de la inflación en la UE, hasta alcanzar el 10,8% en agosto de 2022 (cifra de dos dígitos que no se conocía desde 1980). Esto se debió al efecto que inicialmente tuvo el conflicto bélico en el encarecimiento de los precios de la energía (el gas principalmente, por la dependencia del gas ruso y la búsqueda de mercados alternativos de abastecimiento). Pero se debió también a su efecto en el aumento del precio de algunos insumos agrícolas, como los cereales o proteaginosas (Ucrania y Rusia son grandes productores), de gran importancia para la fabricación de fertilizantes y piensos.
• Además de la guerra de Ucrania, otro factor que ha influido en la subida de la inflación ha sido la sequía, que está afectando no sólo a los países mediterráneos, habituados a este fenómeno climatológico de carácter periódico, sino también a los países centroeuropeos, poco preparados para afrontar el problema de la baja pluviometría. La escasez de lluvias y las altas temperaturas han reducido de forma generalizada en el conjunto de la UE algunas producciones de especial relevancia en la cesta de la compra (cereales panificables, oleaginosas, legumbres, frutas y hortalizas, aceite de oliva…) Además, ha encarecido los costes en el sector ganadero, obligado, por la falta de pastos, a utilizar piensos para la alimentación de la cabaña. También la sequía ha hecho disminuir la producción de energía hidráulica (por el descenso del nivel de los embalses) en los países meridionales.
• La subida de los tipos de interés hasta el 3% por parte del BCE (con su grave consecuencia en el fuerte encarecimiento de las hipotecas, de efectos muy graves en países con altos niveles de endeudamiento en vivienda) ha hecho que se frene la inflación en la zona euro, logrando que baje dos puntos la interanual a final de 2022 (8,1%). A ese descenso ha contribuido también la adopción de algunas medidas por los gobiernos nacionales, como la reducción del IVA en algunos productos básicos.
• Respecto a España cabe decir que, desde los Pactos de la Moncloa (1977), cuando la inflación llegaba a casi el 30%, el IPC español ha ido bajando, sobre todo tras la entrada en la UE, y muy especialmente tras formar parte de la eurozona. Desde 2002, nos hemos venido moviendo en el entorno de la media europea del 2%.
• Ahora que se ha producido un repunte de la inflación, la de España está siendo menor que la del conjunto de la UE. Ello se debe a varios factores: i) a la limitación del precio del gas, aprobada por la Comisión Europea a iniciativa de España y Portugal con el argumento de que la Península Ibérica es una «isla energética»; ii) a la eliminación o rebaja del IVA en algunos alimentos, y iii) a unas condiciones climáticas favorables en los meses de noviembre y diciembre (temperaturas suaves, que han hecho que se consuma menos gas; lluvia en algunas zonas, que ha permitido llenar los pantanos y aumentar la producción de energía hidráulica…).
• El problema es que la inflación subyacente (la que no tiene en cuenta ni el precio de la energía ni el de los alimentos frescos no elaborados) se resiste a bajar (está en torno al 5,5% en la zona euro y al 7,7% en España). El hecho de que España tenga la inflación más baja de la zona euro, pero una de las subyacentes más altas, demuestra que éste no es un problema coyuntural atribuible a la guerra de Ucrania o a la sequía, sino que tiene causas más estructurales.
• Centrándonos en el tema de la inflación alimentaria en España, cabe decir que, a pesar del posible repunte de febrero (que se estima ha subido un par de décimas), es un hecho que se ha ido moderando, gracias, como he señalado, a la eliminación del IVA en productos como pan, leche, huevos, harinas, legumbres y frutas y hortalizas, y a su reducción del 10% al 5% en aceite y pastas. Esto ha hecho que se doblegue la curva de la inflación alimentaria, que ha bajado más de dos puntos en los últimos meses, situándose en el entorno del 15% (por debajo de la media de la eurozona). Aun así, es un nivel alto, que se espera irá moderándose en los próximos meses gracias a que los precios de la energía están bajando, así como los costes de los fertilizantes y los piensos (pensemos que esos tres elementos suponen el 70% de los costes de producción agraria).
• La cadena alimentaria es muy compleja, tanto por la gran diversidad de productos que circula por ella, como por el variado número de operadores que intervienen desde que se produce el alimento en la granja hasta que llega al consumidor: productores, almacenistas, embalaje, transportistas, industrias, distribución… A todos esos operadores les afecta el aumento del coste de la energía (electricidad y combustible) y su repercusión en el coste del transporte y de algunas materias primas (fertilizantes, piensos…), así como la subida del SMI en casi un 50% en los últimos cinco años. Todo ello explica que cada operador procure cargar ese aumento de costes sobre el precio del producto que pasa por sus manos, acumulándose hasta configurar el precio final que paga el consumidor. De ahí la gran diferencia entre los precios percibidos por los agricultores y el precio final que paga el consumidor, un problema que es estructural y no asociado al actual contexto inflacionario. Esa característica del sector alimentario, con su gran número de operadores (sólo corregible mediante fórmulas de circuitos cortos, canales de proximidad o concentración cooperativa de la oferta), es lo que explica también las dificultades de trasladar realmente al conjunto de la cadena las medidas de reducción del IVA en algunas producciones, así como la lentitud con la que eso tiene lugar. Ello hace que la opinión pública tenga la impresión de que el gobierno hace poco o nada por contener la subida de los precios de los alimentos.
• A diferencia de otros países de la UE, donde unas pocas grandes empresas controlan el sector de la distribución, como Francia (73%), Alemania (79%), Holanda (80%) o Portugal (75%), no puede decirse que en España haya una situación de oligopolio en este sector, ya que el nuestro está muy atomizado. A través de las cinco grandes empresas (Mercadona, Carrefour, Eroski, Lidl y Dia) se canaliza en torno al 50% de las compras que efectúan los hogares en los centros de la distribución organizada (híper y pequeños y medianos supermercados), pero si se tienen en cuenta las compras en las pequeñas tiendas de barrio, los mercados de abastos y los mercadillos, así como las que hace el canal HORECA, resulta que el peso de la gran distribución no llega al 30% de la cuota de mercado del volumen total de las compras de alimentos en España (que fue de 102.562 millones de euros en 2021). En todo caso, las grandes empresas de la distribución compiten en España con 330 cadenas de pequeños y medianos supermercados, 55.000 establecimientos minoristas (fruterías, pescaderías, carnicerías, mercados de abastos y municipales, mercadillos…) y 300.000 establecimientos del canal HORECA. Por eso, no tiene fundamento afirmar, sin datos que lo demuestren, que de la elevada inflación en el sector alimentario se están beneficiando las grandes empresas de la distribución gracias a sus estrategias especulativas, y que, por ello, estaría justificado aplicar un impuesto extraordinario sobre ellas. Habrá que esperar a los datos anuales sobre beneficios de estas grandes empresas para opinar con más fundamento si se han beneficiado, y cuánto, del actual contexto inflacionario.
• Tampoco parece que sea oportuno ni conveniente adoptar medidas como la de limitar (topar) el precio de los alimentos, como sí se ha hecho en el mercado energético del gas, o crear una “cesta” bonificada de alimentos, que, sin embargo, no ha tenido éxito en aquellos países (como Francia) donde se ha intentado aplicar. El alimentario es, como he señalado, un mercado muy complejo, con una gran diversidad de productos y variedades (varias decenas de tipos de tomates, lechugas, patatas…) y con un gran número de operadores. Ello explica que medidas como ésas son de difícil implementación práctica y de difícil asimilación por el pequeño y mediano comercio, cuyos márgenes son ya muy ajustados. Además, hay que tener en cuenta que el sector alimentario español está muy abierto a las exportaciones hacia el mercado europeo y terceros países (18.000 millones de euros de excedente comercial en 2022), por lo que es muy sensible a que se produzcan limitaciones de precios. Por último, hay que señalar que cualquier medida de ese tipo tendría el efecto de que fuese el agricultor el que acabara pagando el proceso en cascada que se produciría a lo largo de la cadena.
• En efecto, los agricultores son los que tienen menores posibilidades de cargar el aumento de costes sobre el precio de sus productos. El de la producción es el eslabón más débil de la cadena alimentaria, teniendo poco margen de maniobra para negociar con el resto de operadores, al ser un sector muy atomizado, con baja concentración de la oferta y fuerte dependencia de la industria, tanto “d’amont” (insumos) como “d’aval” (transformación), y de la distribución. Por eso, son necesarias las ayudas de la PAC (que representan en torno a la cuarta parte de la renta agraria) (4.000 millones de euros anuales) para complementar los ingresos procedentes del mercado, además de otros tipos de ayudas (como las destinadas a mitigar el aumento del precio de los fertilizantes, o a bonificar los seguros agrarios…) (1.800 millones de euros en ayudas del MAPA en el año 2022).
• La Ley 16/2021 de la Cadena Alimentaria tiene precisamente como objetivo equilibrar la cadena para mejorar la posición de los productores. Establece, entre otras cosas, sistemas contractuales obligatorios para que el precio percibido por el agricultor esté por encima de los costes de producción. El gobierno Sánchez ha apostado fuerte por esta Ley, y confían en que despliegue todo su potencial en los próximos años, generando una nueva cultura de cooperación dentro de la cadena alimentaria. No obstante, su efectividad no depende sólo de las acciones de inspección y sanción (la AICA ha impuesto 300 sanciones en 2022 por valor de 14 millones de euros; en los dos primeros meses de 2023 han sido 69 multas por un valor superior a 80.000 euros), sino también de la colaboración entre los agentes de la cadena alimentaria. Tal como insiste el ministro Planas, es preciso que el sistema alimentario se vea a sí mismo más como un “puente” que como una “cadena”, un puente que para funcionar necesita que todos y cada uno de sus pilares sean sólidos y robustos. De ahí, que, en aras del espíritu de la Ley de la Cadena, la propuesta de “topar” los precios de los alimentos se vea como algo que va en contra de los objetivos de dicha Ley, además de ser contraria a las normas europeas de la libre competencia en un mercado tan autorregulado como el alimentario.
• Sobre las medidas que ha adoptado el Gobierno Sánchez, cabe añadir que están en sintonía con las que se están aplicando en la mayor parte de los países de la UE: reducciones e incluso eliminación del IVA en algunos alimentos, y concesión de una ayuda directa a familias más vulnerables (de 200 euros, en el caso de España, para personas con rentas por debajo de los 17.000 euros anuales).
• No obstante, en este asunto hay debate. Algunos expertos recomiendan centrar el esfuerzo en la concesión de una ayuda directa a los grupos más vulnerables en vez de en la reducción del IVA, por considerar que aquella medida es más justa que ésta, proponiendo incluso que se aumente su cuantía (algunos recomiendan elevarla a 800 euros considerando que hasta tendría menos coste para el erario público que reducir el IVA). Otros expertos insisten en continuar con la política de bajar el IVA, e incluso recomiendan extenderla a la carne, el pescado y las conservas, pues consideran que este tipo de medidas son más inmediatas y más fáciles de aplicar que las de la ayuda directa, dadas las dificultades administrativas que ésta tiene para su implementación y para que llegue realmente a los potenciales beneficiarios.

En definitiva, el tema del alza de los precios es, sin duda, un asunto complejo, y habría que huir de proponer soluciones fáciles y de hacer afirmaciones a la ligera. Todos los gobiernos europeos de cualquier signo político están preocupados y ocupados en bajar la inflación, y en especial la alimentaria, pues en ello les va su credibilidad como gobernantes y la posibilidad de ganar las próximas elecciones. Pero no es un problema fácil, ya que los efectos tangibles de las medidas que adoptan se ven a medio plazo, mientras que el alza de los precios de los alimentos los nota la población de forma inmediata.

Como se ha demostrado en situaciones límite (recordemos la pandemia) hay que reconocer que el sistema alimentario español funciona razonablemente bien, con algunos desajustes que se pretenden corregir con la Ley de la Cadena Alimentaria para mejorar la posición de los agricultores. Todos sus pilares son necesarios para que el conjunto funcione. Sean bienvenidas las medidas que, sin precipitación, pero sin pausa, puedan frenar la inflación, pero teniendo siempre en cuenta la singularidad de un mercado como el alimentario, caracterizado, como he señalado, por la gran variedad de productos que circulan por la cadena, por su apertura externa y por el amplio número de operadores que intervienen en ella.