Mediación y conflictos ambientales en el medio rural

Por lo general, los conflictos surgen cuando las partes implicadas en un determinado tema no encuentran un lugar común para el acuerdo. Suelen partir de situaciones de “suma cero”, en las que la que, al percibirse como un juego de ganadores y perdedores, ninguno de los actores que intervienen está dispuesto a ceder.

Los buenos sistemas de gobernanza son aquellos capaces de canalizar los conflictos mediante instancias de concertación, de manera que una situación de “suma cero” se transforme en otra de “suma positiva” (win-win) en la que todos salgan ganando, si bien a cambio de ceder algo de sus posiciones iniciales.

Hay casos en los que no se alcanzan acuerdos por la escasa capacidad de los representantes de cada una de las partes implicadas para negociar en las mesas de concertación, o bien porque existe un bajo nivel de coordinación imperativa entre la cúpula representativa de una organización y su base social. En estos casos, lo que dificulta alcanzar acuerdos no es el tema objeto de la negociación, sino la incapacidad de los actores para acercar posturas con sus contrapartes.

Sin embargo, hay sectores donde la dificultad del acuerdo estriba en que la naturaleza del tema objeto de la negociación hace que las posiciones de partida sean no solo distantes, sino además muy rígidas, debido a que se asientan en creencias, más que en intereses. Y se sabe que es más difícil cambiar una creencia que renunciar a un interés. De ahí que sea difícil llegar a acuerdos, y sea necesaria la intervención de mediadores que, desde una posición equidistante, pero respetada por ambos contendientes, busquen acercar las posiciones de éstos hasta encontrar algún punto de convergencia.

La singularidad de los conflictos medioambientales

El caso de los conflictos medioambientales es típico de conflictos en los que los actores en confrontación parten de posiciones distantes por estar basadas no sólo en intereses, sino también en creencias. Son conflictos percibidos por las partes como de “suma cero”, y por ello son difíciles de resolver, siendo necesaria la intervención de mediadores.

Por ejemplo, los conflictos entre cazadores y conservacionistas de especies animales, o entre agricultores y proteccionistas de espacios naturales, reúnen estos rasgos, ya que no sólo son intereses los que entran en confrontación, sino también creencias: unas, las de los cazadores o los agricultores, firmemente convencidos de ser los mejores conservadores de la naturaleza (sea la fauna o la flora) a través del ejercicio de sus respectivas actividades; otras, las de los conservacionistas/ecologistas, igualmente convencidos de ser los adalides de la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales.

¿Una Administración imparcial?

Suele ser habitual sugerir que el ejercicio de la mediación en estos conflictos corresponda a las administraciones públicas, dada su posición supra pares por encarnar la defensa de los intereses generales, pero en la práctica la eficacia de su función mediadora es muy reducida, dado que son percibidas como cómplice de una de las partes.

Los movimientos ecologistas suelen percibir a los departamentos de agricultura como parte integrante de lo que llaman el “lobby agrario”, mientras que las organizaciones agrarias o de caza califican del mismo modo a los departamentos de medio ambiente identificándolos como parte del “lobby verde”.

Esto hace necesario encontrar otro tipo de mediadores, que tengan la legitimidad suficiente para ser percibidos como figuras eficaces de intermediación en estos conflictos. A veces se habla de los “científicos” como colectivo que podría desempeñar esta función, pero la realidad es que la comunidad científica, siendo respetada por ambas partes, es una comunidad que suele estar bastante alejada de los lugares donde se materializan la confrontación y el conflicto sobre temas relacionados con la naturaleza y el medio ambiente.

Además, es una comunidad que no suele tener una posición cohesionada en torno a estos temas, mostrando, por tanto, discrepancias que le restan credibilidad como colectivo ante una u otra de las partes enfrentadas.

Buenos días! #FelizMiércoles

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— AEAFMA (@AEAFMA) April 24, 2019

Los “agentes rurales” como mediadores

En el caso español, los agentes que proceden del antiguo cuerpo estatal de la guardería rural forman hoy, en muchas Comunidades Autónomas, un cuerpo especial de funcionarios públicos con diferentes denominaciones (agentes forestales, agentes rurales, agentes de medio ambiente…)

Por su integración en las áreas rurales y su estrecha interacción con la población local, estos “agentes” son percibidos por los agricultores y cazadores, y también por los movimientos conservacionistas, como buenos conocedores del territorio y de los espacios naturales, así como eficaces supervisores de las políticas de defensa de la naturaleza.

Por lo general, estos “agentes” suelen utilizar la persuasión de la palabra y la confianza que genera entre sus vecinos, para convencer a la población local de la necesidad de respetar las normas de medio ambiente. Sin embargo, en ocasiones han tenido que utilizar la fuerza coercitiva para denunciar infracciones de dicha normativa (como es el caso de la caza furtiva o de los vertidos ilegales), lo que les ha acarreado problemas con los individuos o grupos transgresores de la legislación vigente en materia de protección del medio ambiente (como ha sido el caso extremo del asesinato de varios agentes en Cataluña).

Aun así, puede decirse que los “agentes” forman un colectivo muy respetado en el medio rural. Y es, por eso, que los “agentes” podrían desempeñar un buen papel como “mediadores” en los conflictos que tienen el medio ambiente como objeto de confrontación, siendo por tanto un colectivo cuya capacidad para ejercer esta función merecería ser explorada.