Los alimentos locales entran por ley en el sector turístico de Baleares

Son 14 millones de turistas los que llegan al año a las Islas Baleares. Vienen a disfrutar del sol, la playa, pero también el paisaje característico de parcelas aterrazadas con muros de piedra seca, de olivares imposibles en la Tramuntana o de viñedos y almendros que se asoman a calas de aguas cristalinas, las características piaras de porc negre entre algarrobos o las vacas lecheras pastando en Menorca y que son el origen del Queso de la DOP Mahón – Menorca.

El turismo representa un 75% del PIB de las Islas Baleares y el sector agroalimentario un 1,5%. La comparación es tremenda, pero como pasa en tantos otros lugares, la payesía gestiona el 60% del territorio y los pescadores gestionan las 12 reservas marinas de interés pesquero que tenemos declaradas en el archipiélago.

Probablemente entre los Acuerdos de Gobernabilidad pactados al inicio de la legislatura, uno de los más difíciles de llevar a efecto era el numeral 137. “Fomentaremos el consumo de producto alimentario de km 0 en el sector turístico”. Sinceramente desde el inicio pensé que era mucho más fácil incorporar la región insular dentro de la negociación de la PAC, cosa que también conseguimos, que buscar la manera de articular este compromiso 137.

Es evidente que hay hoteles y restaurantes, y desde luego agroturismos que ya incorporaban entre sus señas de identidad el producto local, pero puedo decir sin ofender a nadie, que la realidad mayoritaria del sector turístico funcionaba bajo otras prioridades en el tema alimentario. Se trataba de convencer a toda la potencia económica y empresarial que hay detrás de las cadenas hoteleras de las islas, de que este compromiso era ganador para todos, y que el esfuerzo suponía una oportunidad muy valiosa para trasladar una imagen de responsabilidad y compromiso hacia la sociedad.

Se trataba de convencerles de que este paso finalmente sería motivo de orgullo para todo el sector turístico. En la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación de las Islas Baleares siempre hemos dicho que el sector turístico tiene una deuda infinita con la payesía y con el sector pesquero de las islas y había llegado el momento de hacerla valer.

La oportunidad vendría con el Proyecto de Decreto Ley de Sostenibilidad y Circularidad del Sector Turístico, que finalmente se tramitó como proyecto de ley y que fue aprobada el 31 de mayo de 2022. Como su nombre indica, esta nueva ley fue una apuesta muy valiente de la Consellería de Turismo y Modelo Económico y tiene por objetivo impulsar un cambio necesario en el modelo turístico de las Islas Baleares hacia la sostenibilidad. Uno de los aspectos de la sostenibilidad y circularidad del sector turístico debía ser la alimentación. En este punto hubo total acuerdo entre las dos Consellerías. El debate sobre producción y dependencia alimentaria en unas islas no es algo menor, pero alimentar a 14 millones de turistas todos los años tampoco es fácil. La realidad es que hay un porcentaje muy elevado de alimentos que llegan de fuera siendo el canal HORECA uno de los grandes consumidores alimentarios de las islas.

El trabajo de elaboración de la propuesta parte de un primer acuerdo razonable y realista entre el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación con las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias y la federación de cofradías de pescadores. Este acuerdo se traduce en 9 enmiendas amplias que se apoyan por los tres partidos del pacto de gobierno. Luego llegó la negociación con las Asociaciones de Empresas Hoteleras y con el resto del sector turístico y paralelamente el trabajo con la Consellería de Turismo y Modelo Económico.

No faltamos a la verdad si decimos que estamos ante una de las novedades de esta ley que pueden tener un mayor impacto y recorrido. Introducir por ley un porcentaje obligatorio de producto local en el sector turístico, significa un paso de enorme trascendencia y oportunidad para el sector agrario de las Islas Baleares. La ley constituye un hecho normativo único e innovador en el conjunto del Estado que ha suscitado enorme interés, en otras Comunidades Autónomas, como en otros países de la Unión Europea.

La base fundamental de las enmiendas está en un nuevo artículo 102 bis que establece como parte del “Plan de circularidad y sostenibilidad” que todos los establecimientos turísticos deben tener, la obligatoriedad de un mínimo del 3% de producción agroalimentario local expresado como un porcentaje sobre el total del gasto en alimentos y bebidas de cada establecimiento turístico. Este porcentaje será del 4% en los establecimientos hoteleros de cuatro y cinco estrellas, y del 5% en los agroturismos. Hablamos de productos frescos agrarios, ganaderos y pesqueros que tengan su origen en las Islas Baleares y en el caso de productos agroalimentarios transformados, aquellos cuyas materias primas esenciales tengan su origen en las Islas Baleares.

En el porcentaje se computarán también los productos amparados por cualquier marca de calidad, sean Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, o cualquier sello distintivo o marca de calidad reconocidas en las Illes Balears por la consejería competente en materia agroalimentaria, incluyendo desde luego los alimentos ecológicos.

Puede haber lectores que piensen que el porcentaje es modesto, pero de nuevo, hay que recordar la realidad económica de la producción agroalimentaria en las Islas Baleares frente al enorme peso de la facturación del sector turístico. El porcentaje fue objeto de un debate realista y pragmático de todos los agentes. Todos entendimos que lo importante era fijar un umbral mínimo obligatorio, que jugara como una palanca de cambio y de crecimiento, y que con el compromiso del sector hotelero, alentara el desarrollo del propio sector agrario.

Para no limitar el futuro, una segunda enmienda complementaria a la anterior, y bajo la forma de disposición adicional, establece que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor, y dependiendo de los datos de producción, las Consejerías de Agricultura y de Turismo pueden acordar el aumento de estos porcentajes obligatorios.

La segunda clave y muy importante está en la identificación de lo que es producto local. La cuestión era cumplir con la normativa de competencia. La clave está en que es el propio establecimiento turístico el que debe por ley identificar y señalar en su carta, menú, bufet o cualquier otro medio de información al cliente, aquellos alimentos que son locales, teniendo que poder garantizar y acreditar la veracidad y la comprobación de los datos. Si es el establecimiento turístico el que publicita una calidad o cualidad concreta de los alimentos en su carta o bufet, en el momento del control solo hay que tirar de trazabilidad hasta el origen.

La tercera clave está en la incorporación como infracción grave al artículo 119 de la ley turística, del incumplimiento de la obligación de cumplir con el porcentaje mínimo de producto local, o la información fraudulenta sobre ello. Se completan las enmiendas con medidas incentivadoras para superar estos umbrales mínimos o para obtener la puntuación suficiente para acceder a las categorías superiores en hostelería y restauración.

La ley salió adelante y queda un año de camino por delante. Las disposiciones referidas a los productos alimentarios entrarán en vigor en la temporada de 2023. Este tiempo de transición es necesario para que los dos sectores se adapten y busquen formas de garantizar la ley y superar sus propios retos. Finalmente, toda la sociedad balear ha ganado y les aseguro, tanto las noticias generadas, las reacciones sociales y los comentarios en las siguientes semanas mostraban una sensación de orgullo generalizado que respondía al sentimiento de haber empezado a hacer justicia con el sector productor local.

Foto destacada: Sobrasada de Mallorca. Foto: Joaquín Terán.

Fernando Fernández Such es experto en políticas agrarias y desarrollo rural y director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Govern de les Illes Balears.