Teresa Ribera y Moreno Bonilla pasean por Doñana el día del anuncio del acuerdo. Foto: X MITECO

El pacto de Doñana y los agricultores

En un ambiente de alta polarización política, ha llamado la atención el acuerdo alcanzado sobre Doñana entre el Gobierno de la nación (representado por la ministra Teresa Ribera) y la Junta de Andalucía (encarnada por su presidente Moreno Bonilla). La imagen de ambos dirigentes de distinto signo político, paseando por el parque nacional e intercambiándose los prismáticos para otear el horizonte de ese espacio natural incomparable, vale más que mil palabras.
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Ambas administraciones han aparcado sus diferencias respecto a los regadíos que amenazan la sostenibilidad del humedal de Doñana, y han puesto el foco en el interés general (salvar el más importante humedal de Europa) por encima de los enfoques particulares (los intereses de los regantes, el interés conservacionista de los ecologistas, el planteamiento más rigorista de la comunidad científica…)

Contar con los agricultores

El acuerdo muestra que, por parte del ministerio de Transición Ecológica (MITECO), se ha llegado al convencimiento de que la sostenibilidad de cualquier espacio natural no puede hacerse teniendo en cuenta sólo los principios conservacionistas, sino que es necesario contar con la población que reside allí y que vive de los recursos que ese espacio le proporciona.

En el caso de Doñana, la sostenibilidad del humedal, amenazada por la sobre-explotación de los acuíferos que lo alimentan, no puede asegurarse si no es con la colaboración de los agricultores cuyas explotaciones se asientan en el entono del parque. Por mucho que sean ilegales una gran parte de los pozos que riegan esas tierras, la realidad es que durante muchos años las distintas administraciones han mirado a otro lado, y los regantes han adquirido unos derechos que podrían esgrimir en caso de que se les impusiera determinadas actuaciones públicas, obstaculizando de ese modo la ejecución de cualquier plan de intervención en Doñana.

El MITECO ha comprendido que contando con la colaboración de los agricultores todo es más fácil, mientras que teniéndolos en contra las dificultades son mayores. Es una buena enseñanza para otro tipo de actuaciones pendientes, como la de la manga del Mar Menor y la del humedal de las Tablas de Daimiel, y una lección a tener en cuenta en temas como la protección del lobo u otras especies animales.

La importancia del interés general

Por su parte, el gobierno de la Junta de Andalucía ha tenido que convencerse de que, ante la gran importancia ecológica del humedal de Doñana, no pueden ponerse por delante los intereses particulares de los agricultores de la comarca, arriesgando la sostenibilidad de un espacio natural que forma parte del interés general de la sociedad, tanto andaluza como española y europea.

Es comprensible la presión a la que está sometido el gobierno de la Junta de Andalucía por parte de las organizaciones de regantes en una región de tanta importancia agrícola, y eso podría explicar la proposición de ley que presentaron en el Parlamento andaluz en enero de 2022 los partidos PP y VOX y que legalizaba los riegos del entorno de Doñana.

Pero, sin duda, que fue una proposición inoportuna, por el contexto político en que se planteaba (precampaña electoral) y por el contexto de sequía (que hacía inviable algunos de los buenos propósitos incluidos en ella). La presión de la comunidad científica, de las asociaciones ecologista, de la UE y de la UNESCO (al ser Doñana reserva de la biosfera) ha hecho que la Junta de Andalucía entrara en razón y se pusiera a negociar con el MITECO una solución acordada para salvar el humedal.

El contenido del acuerdo

El acuerdo supone la asignación de un montante global de 1.406 millones de euros para financiar distintas líneas de actuación. La administración central aporta 706 millones de euros: 356 millones proceden del plan de inversiones aprobado el pasado año (y cuyo principal objetivo es crear una red de canalizaciones para reflotar el acuífero) y 350 millones se libran ahora para financiar el plan de reconversión de la zona agrícola (incentivando a los agricultores para que cambien la orientación de sus cultivos)

Por su parte, la Junta de Andalucía aporta 700 millones de euros: 300 millones dentro de un plan de depuración de aguas y de inversiones hidráulicas, y 400 millones para cofinanciar el citado plan de reconversión agrícola.

Las líneas específicas de actuación establecidas en el acuerdo son de tres tipos. La primera tiene por objetivo renaturalizar el entorno de Doñana, de forma que parte de las actuales tierras agrícolas se transformen en espacio forestal. Para ello se les concederá a los actuales regantes que quieran reforestar sus tierras 10.000 euros por hectárea por un periodo de diez años (es decir, 100.000 euros) con el compromiso de que mantengan esa orientación forestal durante treinta años. La segunda línea de actuación tiene por objeto transformar en secano los actuales cultivos de regadío para así reducir la presión sobre los acuíferos. Para ello se les dará a los agricultores que opten por esta vía 2.500 euros por hectárea por un periodo de cinco años, con el compromiso de mantener en secano sus tierras de cultivo al menos durante diez años. La tercera línea de actuación consiste en conceder 1.000 euros por hectárea a los agricultores que orienten sus cultivos agrícolas a la producción ecológica.

Como han señalado los firmantes del acuerdo, que califican de “histórico”, el plan no supone exculpar a los agricultores que estén utilizando el agua ilegalmente, ya que continuarán abiertos los expedientes de sanción y seguirá el cierre de pozos ilegales (1.200 pozos han sido cerrados desde 2018 por orden del MITECO).

Como complemento del acuerdo, está el compromiso de acelerar la ejecución de inversiones ya en marcha, y que sin ellas el efecto de las demás actuaciones será limitado. Así, por parte del MITECO se acelerarán las inversiones dirigidas a reflotar el acuífero mediante el plan de canalizaciones ya aprobado hace un año, y por parte de la Junta de Andalucía se impulsará la implementación del Plan de la Fresa (2014), así como diversas inversiones destinadas a mejoras hidráulicas y depuración de aguas. De forma adicional, y más allá de las líneas directamente relacionadas con Doñana, el MITECO invertirá 32 millones de euros para la mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de los temporeros agrícolas que trabajan en el cultivo de la fresa en la comarca.

La marca Doñana y su potencial

El acuerdo incluye también poner en valor todo el potencial que encierra la marca Doñana como reserva de la biosfera que ya es, pero que debe ser aprovechada como elemento de desarrollo sostenible de la comarca.

Los productores de fresa son los primeros interesados en que su producto siga ocupando espacio en los mercados nacionales y europeos, y para ello nada mejor que asociarlo a la marca Doñana, como espacio de gran valor ecológico para la biodiversidad. Fresa y Doñana pueden ser compatibles, y una adecuada asociación entre agricultura sostenible y conservación del espacio natural puede tener gran valor en la promoción de las producciones freseras de esa comarca.

Por eso, es bueno que los agricultores y sus organizaciones se haya unido al acuerdo, apostando por la cooperación y no por la confrontación con otros grupos social. A igual que han hecho los dirigentes de dos partidos políticos (PSOE y PP) habitualmente enfrentados, pero que en el caso de Doñana han optado por el acuerdo y el pacto en pro del interés general. Que cunda el ejemplo.

Foto: Teresa Ribera y Moreno Bonilla pasean por Doñana el día del anuncio del acuerdo. Foto: X MITECO

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