Cómo afecta al mundo rural la (previsible) repetición de elecciones

Si no se produce un vuelco de dimensiones colosales, los españoles estaremos llamados a acudir a las urnas el próximo 10 de noviembre, más de seis meses después de haber elegido a las actuales Cortes Generales. Cortes que han sido incapaces de conformar una mayoría que permita formar Gobierno y salir de la situación de bloqueo político que vive el Gobierno de España.

Las fuerzas políticas han sido incapaces de formar una mayoría y empezar un nuevo periodo legislativo efectivo, por lo que las urnas volverán a salir de los almacenes para la repetición de elecciones, en la que será la quinceava cita electoral desde la transición a la democracia para tratar de formar Gobierno.

Tras una campaña electoral en la que el reto demográfico, el despoblamiento y las problemáticas del mundo rural ocuparon un lugar preeminente, la nueva llamada a las urnas genera un enorme descontento en la población: el 64% de los españoles, según un sondeo de Ipsos para 20 Minutos rechazan la repetición electoral, aunque el 85% ya ha asumido que la cita con las urnas se producirá una vez más.

Esta situación política excepcional paraliza, de facto, numerosas medidas que el mundo rural espera y que habían generado grandes expectativas, entre ellas:

• Pacto de Estado contra la despoblación: una medida que ya ha sido reclamada por partidos políticos como el PP o Ciudadanos, y por plataformas como la Coordinadora de la España Vaciada. Queda paralizada hasta la nueva composición de las Cortes.
• Pacto de Estado contra la violencia de género: el pacto, que se alcanzó a finales de 2017 con el apoyo de todas las fuerzas políticas y la abstención de Podemos está paralizado de facto, con tres de cada cuatro medidas aún por poner en marcha. Unas medidas muy demandadas por toda la sociedad, y en especial por las mujeres, vivan en pueblos o en ciudades, pero en los pueblos la necesidad es aún más imperiosa, dada la mayor invisibilidad del fenómeno en las zonas rurales y la falta de un tejido de apoyo a las víctimas.
• Reforma de la PAC: El proceso de reforma de la Política Agraria Común sigue su curso en Europa, a pesar de las incertidumbres presupuestarias causadas por el Brexit. Sin embargo, y aunque la definición de los Planes estratégicos nacionales que definirán la aplicación de esta ley continúa, este no debería ser un trabajo meramente técnico. Para conseguir un reparto más justo de las ayudas, harán falta tomas de postura y decisiones de carácter político que requieren de un Gobierno que no esté en funciones y de un Congreso de los Diputados que legisle.
• Modificación de la Ley de la cadena alimentaria: a pesar de que el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, asumió el cargo anunciando que prohibiría la venta a pérdidas y endurecería la Ley de la cadena para que los agricultores y ganaderos obtengan un mejor precio por su trabajo, estas intenciones han quedado en agua de borrajas. Ahora habrá que esperar a que los nuevos Congreso y Senado decidan poner en marcha este cambio legislativo, muy demandado desde el campo.
• Defensa del sector agroalimentario en los acuerdos comerciales: procesos de negociación como el del Acuerdo UE-Mercosur preocupan enormemente en el campo, donde agricultores y ganaderos se sienten como moneda de cambio. Un Gobierno en funciones no podrá defender con la suficiente libertad los intereses de sectores económicos de gran importancia para la economía rural.
• Infraestructuras clave, paralizadas: La situación de parálisis afecta a obras tan demandas en el mundo rural como la Autovía del Duero, el tren a Extremadura, el corredor mediterráneo, o el ferrocarril de la Ruta de la Plata, de Gijón a Sevilla. Habrá que seguir esperando.

Estas son sólo algunas de las medidas que quedan en standby a causa de la más que probable repetición electoral. Una repetición causada por la imposibilidad de las fuerzas políticas de alcanzar un acuerdo. Una incapacidad a la que no le han visto otra salida que dejar la responsabilidad, una vez más, en manos de los ciudadanos. Unos ciudadanos y ciudadanas que ahora deberán juzgar, además de los programas electorales, las actitudes y las acciones de los políticos en estos seis meses que habrán pasado desde el 28 de abril.

Foto destacada: El Congreso de los Diputados, el pasado 11 de septiembre, en la última sesión de control al Gobierno en funciones. Foto: PSOE