Reactivemos la Ley de desarrollo sostenible del medio rural

Se trata de una ley que exige la corresponsabilidad de las administraciones públicas que tienen competencias en desarrollo rural, lo que requiere amplios consensos para su desplegar todas sus virtudes. Los legisladores compartían la idea de construir un “nuevo contrato” social, económico y cultural entre el campo y la ciudad, para evitar que el desierto demográfico y el abandono se extendieran por todo el territorio rural.

Si el futuro Gobierno de Pedro Sánchez va en serio sobre este tema (el PSOE lleva en su programa electoral la reactivación de la citada LDSMR) vamos a tener que pensar cómo la aplicamos, ya que 12 años después necesita una actualización. Es precisamente el objetivo de este breve artículo reflexionar sobre cómo abordar la reactivar de esta Ley.

Para empezar, los artículos relacionados con los objetivos y las actuaciones a desarrollar siguen siendo válidos. Igual hay que pensar en fortalecer cuestiones como la digitalización o en incorporar alguna prioridad relacionada con el patrimonio cultural.

Una primera reforma tiene que ver con su estructura de coordinación. Esta Ley no puede depender del Ministerio de Agricultura. Hablamos de un problema de cohesión territorial, y, por eso, su ubicación debería estar en el Ministerio de Política Territorial o equivalente.

Una segunda reforma tiene que ver con la delimitación de las zonas rurales. Creo que la Ley pretende abarcar demasiado espacio territorial. Dividir el territorio rural en 219 zonas (a revitalizar, intermedias y periurbanas) me parece excesivo, ya que acaba incluyendo todo el territorio salvo las ciudades. Además, la división por zonas no se corresponde con ninguna experiencia ni realidad anterior, de tal manera que, por ejemplo, Palencia se dividía en Norte, Centro y Sur. Por eso, la principal reforma consistiría en una nueva delimitación de las zonas, más realista y mejor ajustada a factores objetivos: sociales, económicos, culturales, agroclimáticos, y administrativos.

Hecho esto, debería empezar a aplicarse en las 70 zonas que se encuentran en una situación más grave en términos de despoblación y declive socioeconómico. Esto haría más factible su aplicación, y además sería coherente con la Estrategia Nacional para el Reto Demográfico.

Una tercera reforma tiene que ver con los llamados “Planes de Zona”, que son el instrumento definido en la Ley para desarrollar el Programa Nacional de Desarrollo Sostenible Rural. Según la Ley, cada zona debe elaborar de forma participada su correspondiente “Plan de Zona”, donde definir objetivos y actuaciones concretas a cuatro años y enmarcadas en cinco ejes: fomento de la actividad y diversificación económica y empleo; infraestructuras y equipamientos básicos; servicios y bienestar social; medio ambiente y biodiversidad; y formación y dinamización social. A estos cinco ejes les atraviesa otro transversal que es el de igualdad de género.

Una vez que la zona priorizada tiene su Plan de Zona, este plan debe trasladarse a una especie de convenio entre las distintas administraciones públicas, y aquí viene otro de los elementos interesantes de la ley. Las distintas administraciones implicadas (Administración General del estado, Comunidad Autónoma y Diputación) firman el convenio en el que se compromete cada una a aportar lo que le toca en función de sus competencias. Es decir, la Ley promueve la concertación de las administraciones que tanto necesitamos en nuestro país, y que ha sido una de las principales dificultades para poner en marcha los “planes de zona” ya aprobados. Por eso, la reforma debe centrarse en cómo abordar esta dificultad.

Además, hay que hablar de dinero. La Ley tenía un marco presupuestario aproximado, pero llegó la crisis económica, y fue imposible cumplirlo. Ahora estamos en otro momento en el que, además, el tema de la despoblación está en el centro de la agenda política. Se trataría, por tanto, de elaborar un nuevo marco presupuestario, que podría suponer una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado de alrededor de 350 millones de euros. Pensemos en 350 millones de euros finalistas, es decir, dirigidos a financiar los “planes de zona” de las 70 comarcas rurales en peor situación. ¿Es imposible esto?

Hay que tener en cuenta que disponemos de los Fondos Estructurales y de Cohesión de la UE y de los recursos del FEADER (II Pilar de la PAC). Además, en las posibles 70 zonas de actuación se lleva ejecutando el programa LEADER desde hace más de veinte años, con lo que eso significa de estructuras de gestión y de experiencia de dinamización del territorio, lo que podría facilitar la ejecución de los Planes de Zona.

En definitiva, me va a perdonar quien no lo vea claro, pero creo que disponemos de una solida arquitectura legislativa para desarrollar la Ley, además de un consenso social y político que debemos aprovechar. Sólo hay que ponerse a ello.