La convergencia, un paso necesario para el futuro de la PAC. Por Fernando Fernández

Resulta tremendamente difícil elaborar un artículo corto y sencillo sobre un tema tan complejo como este, y que al mismo tiempo que muestra los datos, fije la posición del autor.

Visto el enorme debate generado por el Real Decreto 41/2021, de 26 de enero que establece las disposiciones para la aplicación de la PAC en el periodo transitorio de 2021 y 2022, o más conocido como Decreto de Convergencia PAC, me parece importante que desde otras Comunidades Autónomas que no solemos estar en el centro del debate agrario, traslademos nuestros datos y opiniones al respecto.

Desde mi punto de vista, desmontar el sistema basado en derechos históricos se ha convertido en un imperativo si queremos mantener la legitimidad de la PAC a futuro. No tiene sentido que haya titulares de explotaciones que apenas mantienen relación con la agricultura y sigan recibiendo ayudas. No tiene sentido que los jóvenes, o los nuevos agricultores que se incorporan, lo tengan tan difícil para acceder a los derechos que les permiten entrar al sistema. No tiene sentido que haya sectores como el viñedo, las frutas o las hortalizas que no tengan derecho a recibir ayudas. No tiene ningún sentido la patrimonialización de los derechos y el mercadeo que se ha generado con el sistema.

Para acabar con este sistema, la convergencia es un paso necesario. La convergencia era un compromiso para el periodo 2014–2020 y la realidad es que España ha avanzado demasiado lentamente. Pero, además, la convergencia en sí misma es necesaria para alcanzar un mayor equilibrio interno en los apoyos a todos los agricultores. Es evidente que el final de los derechos históricos implicará la entrada de una cantidad importante de superficie que pasará a ser susceptible de recibir ayudas, y que esta entrada habrá de ser vigilada para que no generemos otro problema igual de importante.

El objetivo específico 1 de la nueva PAC dice textualmente; “Apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones agrícolas en todo el territorio de la UE para mejorar la seguridad alimentaria”. El destacado en negrita implica que, en cualquier territorio, incluyendo los insulares, los agricultores tienen derecho a ser apoyados para obtener una renta viable y unas explotaciones resilientes. La realidad es que la estructura actual de las ayudas, no contribuyen a esta viabilidad.

Tan solo aportaré cinco datos. El Valor Añadido Neto por UTA (El indicador más claro para reflejar la renta agraria) en Baleares es el 54% de la media nacional. La insularidad, por encima de todo, implica sobrecostes a las explotaciones. El coste de los piensos compuestos son un 64,6% mayor en las Islas Baleares que en la Península. El precio de los fertilizantes son un 17,46% mayores para las explotaciones situadas en las Islas Baleares que para las peninsulares y el gasóleo agrícola un 8,8% superior.

Esto se traslada de manera directa a las cuentas de explotación. El Plan Estratégico Nacional de la PAC supone una nueva oportunidad para abordar esta y otras muchas cuestiones de futuro para el sector agrario español. Una regionalización adecuada que tenga en cuenta estas realidades es imprescindible para poder resolver el problema insular. Para llegar a esta nueva regionalización, es necesario avanzar en la convergencia, y para ello entre otras cosas es para lo que tenemos un periodo transitorio. Por lo tanto, estamos en el tiempo adecuado para acometer este asunto.

Las Islas Baleares cuenta con 5.323 perceptores de PAC con una bolsa de derechos de 122.117. Son datos muy modestos si los comparamos con otras regiones, pero de una enorme importancia para el archipiélago. De hecho, la imprescindible diversificación económica de las Islas Baleares tendrá en el sector agroalimentario una de sus palancas más importantes. Por otra parte, cada agricultor o agricultora son igual de importantes para el conjunto del estado. No nos sobra ninguno. En este contexto, el valor medio del derecho en las Islas Baleares es de 119,37€ frente a los 144,63€ de media nacional.

Uno de los problemas que arrastramos en Baleares es el desfase entre la superficie agraria en producción, la superficie declarada y la superficie con derechos de PAC. Empezando por el final, tenemos un 10,18% de la superficie declarada, que, sin embargo, no tiene derechos de pago de la PAC. Esto hay que resolverlo y no será demasiado complicado hacerlo. Sin embargo, tenemos problemas más profundos. Por ejemplo, solo el 45% de la superficie de olivar se declara en la PAC y precisamente es el olivar de alto valor natural situado en la Sierra de la Tramuntana el que no se declara. Solo el 47% de los pastos están declarados, y solo el 53% de las tierras arables están declaradas. Las razones de este desfase están por un lado en el sistema tradicional de tenencia de la tierra en Baleares, y por otro, que estas tierras nunca tuvieron derechos, y aunque es obligatorio incluir toda la superficie en la declaración de la PAC, los titulares que las manejan lo hacen porque al no tener derechos, no afloran los contratos.

El análisis de los derechos por regiones asignadas resulta todavía más duro. En pastos, las cuatro islas se encuentran dentro de la región 0303, lo que implica que el valor medio del derecho es de 79,7€/ha mientras que los perceptores que se encuentran por ejemplo en la región 1103 reciben de media 232,01€/ha. En tierras arables, Menorca está ubicada en la región 0501 y recibe un valor medio por derecho de 105,79€/ha. Mallorca está en la 0801 y recibe 148,21€/ha mientras que en Ibiza y Formentera donde evidentemente las dificultades para cultivar son mucho mayores, los derechos están asignados a la región 0301 y el valor medio es apenas de 82,19€/ha. En el otro extremo, los titulares de derechos que se encuadran en la región 2301 reciben una media de 596,22€ por ha.

Con toda esta situación. ¿Qué impacto tendrá el RD 41/2021 sobre los titulares de explotaciones de las Islas Baleares? Hemos hecho los primeros cálculos y la conclusión general es simplemente que tenemos que seguir adelante.

En términos globales, el valor de los derechos en el archipiélago aumenta un 2,7%. Cuando se analiza el impacto por regiones se ve como el aumento de valor se concentra en los cultivos de secano cuyos derechos suben de valor un 10%. Sin embargo, en los cultivos permanentes se produce un ligero descenso del 5%. El valor de los derechos apenas varía en los derechos sobre pastos, y en regadío apenas varía muy ligeramente hacia abajo. Por islas, la que concentra un mayor incremento es Mallorca, mientras que Menorca tiene una ligera pérdida del 1% en el valor de sus derechos que luego analizaremos.

Lo importante es comprobar cómo impacta en los titulares de las explotaciones. Para abordar el debate de la convergencia hay que analizar el impacto sobre los titulares. Esto es lo importante porque la convergencia tiene por objetivo que varios agricultores que desarrollan la misma labor cobren de forma similar. La nueva regionalización irá después.

Podemos afirmar con los datos en la mano, que el 77,8% de los perceptores de la PAC en Islas Baleares han aumentado el valor de sus derechos con la convergencia. El 11,71% aumentarán en más de un 20% su valor. Para el 23,20% de los titulares, el aumento estará entre un 10 y un 20%, y el resto ha tenido un ligero aumento del valor de hasta el 10%. 74 perceptores verán aumentar el valor de sus derechos en más de 1.000€ al año.

Por el otro lado, el 28,2% de los titulares han visto reducir el valor de sus derechos. Un 7% han perdido por encima del 20%. Sin embargo, y por situar este porcentaje, eso se ha traducido en una pérdida anual de 700€ de media. Un 18,17% han perdido entre un 10 y un 20% de su valor, que en términos nominales se traduce en 506 € de media al año, y el resto, el 74,83% de los titulares, han perdido menos de un 10% o lo que es lo mismo, 162 € de media menos al año. 88 perceptores han visto disminuir su valor en más de 1.000 € al año.

Hago un último análisis referido a lo que ha sucedido en las explotaciones de vacuno de leche y en concreto en la isla de Menorca. Sabemos que en este sector es uno de los que concentra las mayores pérdidas derivados de la convergencia. Menorca concentra el 90% de las explotaciones lecheras de Baleares por su vinculación a la producción del Queso con DOP Mahón-Menorca. El 46% de los titulares ha visto como el valor de sus derechos subía de media un 7,5%, mientras que el 54% ha visto como bajaba un 8,21%. Hay 19 explotaciones lecheras que pierden por encima del 10% del valor de sus derechos, lo que equivale a 333€ de media por explotación, Es cierto que hay dos explotaciones en concreto en las que las pérdidas de valor son muy importantes y superan el 30% y no puedo sino empatizar con su situación. Mientras tanto, hay otras 19 explotaciones lecheras cuyos derechos aumentan más de un 10% siendo de media 241€

Para terminar, quienes me conocen saben de mi absoluta empatía y compromiso con el sector agrario y con cada uno de los agricultores y ganaderos que, en este caso, están viendo cómo sus derechos pierden valor. Con toda humildad, y desde una región periférica como las Islas Baleares, tras valorar todos los datos, y siendo muy conscientes de lo que el sector agrario se juega con el Plan Estratégico Nacional de la PAC, me gustaría trasladar que es el momento de pensar más allá de este primer paso de la convergencia.

Hay algo muy importante que debemos valorar. Solucionar este galimatías de la PAC requiere de más cosas, pero sin duda, la convergencia es un paso imprescindible en esta fase. Ya llegarán tiempos para definir las nuevas regiones más adecuadas a la realidad y más racionales y más justas que las de ahora. La convergencia es un paso complejo sin duda, pero desde la realidad que me toca gestionar, no puedo sino decir que es necesario avanzar.