Política agraria e invasión de Ucrania: ¿cómo actuar?

Llegó la guerra a Ucrania. La invasión de un país soberano por parte de Rusia es del todo inadmisible. Tenemos un drama humanitario de las proporciones que toda guerra provoca y con más de 1,7 millones de refugiados. Putin ha puesto en jaque a toda Europa. Los efectos económicos se empiezan a sentir, pero son todavía impredecibles. En la cuestión agraria, la sociedad ha descubierto que Ucrania es una pieza central de nuestro sistema alimentario.

El escenario es absolutamente endiablado. España es un país deficitario en determinados cereales, oleaginosas y proteaginosas básicas para la alimentación del ganado, y tanto Ucrania como Rusia están entre nuestros principales proveedores. La guerra se ha sumado a dos años de pandemia, seguido de una crisis energética y una crisis en toda la cadena de suministro que ha hecho que los cereales y piensos acumulen subidas en los precios de entre el 28 y el 40% de media, y que otros insumos, como los fertilizantes, lleven disparados desde hace meses.

A esta situación se le suma la sequía, que se anuncia como irremediable y que en el mejor de los pronósticos situará al 20% del territorio de España en alerta, y al 15% en situación de emergencia, y que afectará los principales sistemas hídricos de nuestro país que son los que concentran mayores superficies de producción. La cotización en lonja de los cereales y oleaginosas sube a un ritmo del 10% diario. Las cosechas de Ucrania de este año se dan por perdidas, y las del año que viene son totalmente inciertas.

El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea se reunió de forma extraordinaria el pasado 2 de marzo. Las propuestas empiezan a ponerse sobre la mesa y espero que en breve comiencen a ordenarse. Al hilo de las declaraciones entre las que destacan las del comisario de Agricultura de la UE, Janusz Wojciechowski, conviene discernir posiciones y no dejarse arrastrar por los nervios. En el corto plazo hay que resolver las urgencias y actuar de forma efectiva. En el medio y largo plazo sin duda habrá que reorientar prioridades de la agricultura europea.

No cuestionemos los objetivos del Pacto Verde

Pero no es el momento oportuno para cuestionar los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia de la Granja a la Mesa tan solo dos semanas después de comenzar la guerra. El rumbo estratégico hacia la sostenibilidad que marcan estos documentos es igual de prioritario que profundizar en la soberanía alimentaria de Europa a la que han aludido varios ministros del ramo.

Llegará el momento de evaluar si las metas concretas a 2030 deben ser revisadas o flexibilizadas en algún caso, pero no estamos todavía en este momento y en todo caso, el horizonte común que marcan los documentos debe quedar a salvo. Conviene no embarrar el debate y conviene separar los dos niveles de reflexión y actuación.

Las prioridades en el cortísimo plazo son claras: Garantizar la seguridad y estabilidad en el suministro de cereales y oleaginosas para cubrir la demanda, y controlar las subidas de precios. Aumentar la producción de maíz o girasol no se improvisa en tres meses y más en un contexto de sequía. Por lo tanto, resulta urgente encontrar proveedores alternativos bien ampliando las importaciones que ya hacemos de Brasil o acudiendo a otros países como Estados Unidos o Argentina.

Parece de nuevo que las declaraciones están marcadas por el nerviosismo y han dado a entender que en algún caso esto obligaría a eliminar las restricciones a la importación de maíz o soja modificados genéticamente, o incluso suavizar los requisitos fitosanitarios. Estoy seguro que la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) actuará como corresponde.

En todo caso, habrá que buscar el mejor equilibrio entre los intereses en juego asumiendo que “nos dejaremos algunos pelos en la gatera”. Pero empezar poniendo en jaque las propias normas de las que nos hemos dotado en un asunto tan sensible como la seguridad alimentaria y la normativa ambiental no me parece de recibo. Además, y para incentivar la búsqueda de “proveedores aptos” se podrían eliminar los pocos aranceles que quedan a la importación de estos bienes, e incluso incentivar un mecanismo extraordinario y novedoso de ayuda a la importación que bien podría justificarse por el caso ante la Organización Mundial del Comercio, y todo ello con cargo al Mecanismo Anticrisis.

Flexibilizar la PAC

En el corto y medio plazo hay medidas muy importantes y que tenemos que desarrollar con eficacia. La primera trataría de activar todas las capacidades de producción que tenemos en especial para oleaginosas y proteaginosas utilizando las superficies que se han dejado para barbecho. Para ello, la propuesta razonable pasa por que la Comisión Europea flexibilice la aplicación de la PAC durante al menos un año y que no se aplique este requisito ambiental de forma que los agricultores no se vean penalizados en el cobro de las ayudas.

Como ejemplo les diré que solo en Castilla y León podríamos hablar de 300.000 hectáreas movilizadas. Además, la Comisión ya está pensando en activar el Fondo Anticrisis de la PAC considerando la introducción de medidas excepcionales dirigidas a los sectores más afectados por el aumento en los costos de los insumos, y por último, ampliar el marco de ayudas de estado con la justificación de la guerra y sus consecuencias, de manera que todas las administraciones tuviéramos mayor flexibilidad a la hora de articular ayudas. Por último, quizás sí es el momento de revisar la ambición del Plan Proteico incluido en el Plan Estratégico Nacional de la PAC y apuntar mucho más alto.

Frenar la insolidaridad

Por último, creo que hay que frenar determinadas ansias insolidarias que surgen dentro de la Unión Europea. Resulta inaceptable la pretensión de Hungría de poner límite a la comercialización de su cereal hacia otros países de la Unión Europea y tampoco parece que sea conveniente desde un punto de vista de política regional bloquear la posible salida de cereales hacia Egipto cuando sabemos que lo contrario provocará graves desórdenes sociales y hambrunas.

En definitiva, lo que pido es la misma diligencia y compromiso que pongamos en buscar proveedores alternativos, que la pongamos en desarrollar nuestra capacidad productiva. Pido más política agraria, y pido mucha más solidaridad en el marcado interior que representa la agricultura de la Unión Europea.

Fernando Fernández es experto en políticas agrarias y desarrollo rural. Es director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Govern de les Illes Balears.

Foto destacada: Un campo de girasoles en La Mancha. Foto: Joaquín Terán.