Una Ley para respetarlos a todos: logro histórico de los productores

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la nueva Ley de la Cadena Alimentaria. Una norma que deberá servir para cambiar la forma de operar en la cadena alimentaria, restableciendo el equilibrio perdido por unas relaciones que viciadas durante décadas.
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El Congreso de los Diputados, durante la sesión de ayer en la que se ha aprobado la Ley de la Cadena Alimentaria. Foto: Prensa Congreso.

La organización agraria UPA ha aplaudido la aprobación ayer de la Ley de la Cadena Alimentaria. La organización ha asegurado que la norma es un “logro histórico de los agricultores y ganaderos de toda España que, con su esfuerzo, sus demandas y sus reivindicaciones durante los últimos años logran así una protección legislativa sin precedentes y que sitúa a España a la vanguardia de la protección del sector productor en Europa”.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado hoy que la Ley de la Cadena Alimentaria es “probablemente la ley más importante para el sector agroalimentario de esta legislatura”, y que con ella el Gobierno da respuesta a “la primera reivindicación” planteada por las organizaciones profesionales agrarias para lograr precios justos.

La nueva Ley llega en un momento crítico para el sector productor, con los costes de producción disparados y amplios sectores en una situación “límite” y movilizándose. “Es en momentos como éste en los que esta Ley se pondrá a prueba. Debemos lograr que los costes se repartan a lo largo de los diferentes eslabones y que no los asuma siempre el primer eslabón”, aseguran desde UPA.

La nueva Ley marca las siguientes obligaciones y exigencias:

  • Prohibición de la venta a pérdidas a lo largo de toda la cadena
  • Prohibición expresa de vender por debajo los costes de producción de los agricultores y ganaderos. Se incluye una referencia expresa a que en todo caso el precio que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser superior al total de costes asumidos por el productor.
  • En los contratos de compraventa se podrán referenciar los precios a determinados índices que incluyan los costes de producción.
  • Se endurecen las sanciones y se permite que se hagan públicas.
  • Se reconoce a las asociaciones y organizaciones representativas de operadores de la cadena alimentaria como titulares de intereses legítimos colectivos, por lo que estarán legitimadas para denunciar e intervenir en los procedimientos sancionadores.
  • Se crea un registro digital de contratos alimentarios que afectan a productores primarios.
  • Se amplía el ámbito de la Ley al canal HORECA.
  • Se amplían las funciones del Observatorio de la Cadena, que tendrá ahora un papel fundamental en la información sobre formación de precios. Este órgano publicará periódicamente índices de precios y de costes de producción.
  • Las prohibiciones y sanciones resultan aplicables a las relaciones comerciales de operadores españoles con los de otros países (UE y no UE).

Una Ley para acabar con los abusos

Para UPA la clave ahora estará ahora en la labor de vigilancia, control y aplicación de la Ley. Y señalan al sector lácteo como uno de los más críticos en este momento: “Con la nueva Ley los comportamientos de determinados operadores están radicalmente prohibidos. “Se debe iniciar de inmediato una campaña de control en las industrias lácteas para comprobar que cumplan con el pago de los costes de producción de los ganaderos y verificar que el incremento de precios al consumidor se ha trasladado a los productores”.

UPA ha pedido poner en marcha una campaña de explicación de la nueva Ley, con una campaña de concienciación de todos los agentes de la cadena alimentaria. “Debe explicarse el alcance de las reformas y activar un plan de inspección y control que asegure su cumplimiento inmediato”. También exigen que el Observatorio de la Cadena realice los informes y estudios a los que la nueva Ley le obliga y que identifique los costes medios de producción y su evolución de los principales sectores productivos.

UPA también ha apuntado a la AICA y a las Comunidades Autónomas: “son ellas las que deben vigilar y hacer cumplir la Ley. Ahora tenemos los mecanismos, es el momento de ponerlos a prueba y proteger de una vez por todas a los pequeños y medianos agricultores en España”.

La organización ha agradecido a los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado su apoyo y colaboración. “Hemos trabajado intensamente con ellas y ellos, con especial mención a los grupos Socialista y de Unidas Podemos, que han mostrado un espíritu colaborativo digno de reconocimiento”.

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