Tractorada de los agricultores al límite en Toledo, el pasado 5 de febrero.

Tejiendo alianzas

El principal efecto de las movilizaciones de los agricultores en estas semanas es haber situado los temas agrarios en el centro del debate social y político.
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Nunca un sector que apenas representa el 3% del PIB español y que genera un 5% de empleo, ha recibido tanta atención y muestras de interés por parte de la sociedad española. Y nunca han tenido tanta presencia en los medios de comunicación los dirigentes de los sindicatos agrarios (OPAs). Asimismo, la presencia del ministro Planas ha sido constante, al igual que ha sido ingente la cantidad de noticias y artículos publicados en las redes sociales y en la prensa escrita.

De esas movilizaciones cabe concluir varias cosas: i) que hay un serio problema de rentabilidad en la agricultura, pero que son diversos los factores que inciden en ello (los bajos precios, pero también el aumento del coste de los insumos); ii) que ese problema varía de unos sectores a otros; iii) que no afecta por igual a todos los agricultores, sino sobre todo a los titulares de pequeñas y medianas explotaciones; iv) que el sector agrario tiene importantes deficiencias en materia de vertebración cooperativa, y v) que el problema al que se enfrenta es de gran complejidad.

El tratamiento de una situación tan compleja exige, por supuesto, la implicación de los poderes públicos en sus distintos niveles (europeo, nacional y regional), pero también del propio sector agrario y de todos los agentes que intervienen en la cadena alimentaria, así como de la sociedad en su conjunto. Expongo algunas reflexiones sobre ello.

La implicación de los poderes públicos

La UE se plantea el reto de la modernización ecológica y digital de la agricultura. En consonancia con ello debe dotar a la PAC 2021-2027 de recursos suficientes para que los agricultores puedan afrontar ese desafío.

En este sentido, la UE debe seguir garantizando algún tipo de renta básica a los agricultores (como son en realidad las ayudas directas del primer pilar de la PAC) e impulsar el relevo generacional y la innovación digital y ecológica de las explotaciones (financiando con el segundo pilar proyectos de modernización y apoyando la instalación de jóvenes).

Para facilitar todo eso en el marco de las actuales negociaciones entre los EE.MM., quizá sea el momento de que la UE revise el sistema de pagos directos basados en los “derechos históricos”, que, como se sabe, está ya obsoleto y es cada vez más cuestionado. Es un sistema que impide nuevos consensos políticos dentro de la UE, actuando como un nudo gordiano que debe cortarse para distribuir de modo más justo y eficiente las ayudas y para poder emprender acciones más innovadoras en la agricultura europea.

Respecto al Gobierno nacional, es evidente que, en un contexto de economía de mercado y libre competencia, su campo de acción es limitado en asuntos tales como la fijación de precios o la injerencia en las estrategias comerciales de las empresas. Pero en otras materias tiene un margen amplio de maniobra, que debe aprovechar.

Por ejemplo, tiene que preparar, como ya lo está haciendo el MAPA, la aplicación de la futura PAC a través del “plan estratégico nacional”, y debe adoptar medidas en otras materias que tienen especial importancia para la agricultura (fiscalidad, seguros, regulación de la cadena alimentaria, control de importaciones…) También debe seguir avanzando en la dotación de servicios e infraestructuras básicas al medio rural, ya que es una forma de renta indirecta para los que allí residen. Y también incluir en el sistema educativo programas dirigidos a dignificar la importancia de la agricultura, no con los principios rancios de un corporativismo ya trasnochado, sino con valores vinculados a su contribución a una alimentación sana y saludable, a la cohesión territorial y a la mitigación de los efectos del cambio climático.

En todo esto es fundamental la implicación de los gobiernos de las CC.AA., que, ante las movilizaciones agrarias, se ponen de perfil como si no fuera con ellos, cuando la realidad es que tienen importantes competencias en agricultura y desarrollo rural en sus correspondientes territorios.

Los agentes de la cadena alimentaria

Por su parte, el sector productor no puede retrasar más cómo abordar el problema de la ineficiencia de sus estructuras cooperativas. Son estructuras que, debido a su atomización, lo debilita a la hora de posicionarse en el mercado y relacionarse con otros sectores. Es cierto que hay una extensa red de cooperativas, muchas de ellas altamente modernizadas en materia de producción, pero es una evidencia que, en su conjunto, el sector cooperativo no es eficiente en lo relativo a las estrategias comerciales.

En lo que se refiere a los demás agentes de la cadena, las industrias y las empresas de distribución tienen también importantes tareas pendientes. Entre ellas, impulsar los contratos agrarios con los productores y añadir transparencia a las transacciones comerciales, además de ser conscientes del perjuicio que determinadas prácticas causan a los agricultores (como ocurre con la venta a pérdidas o los productos reclamo).

La función social de la propiedad de la tierra es un tema que los empresarios agrícolas han interiorizado desde hace tiempo como un modo de legitimar su papel en la sociedad y evitar que se cuestione el hecho de que un bien como la tierra pueda ser objeto de apropiación privada. Es ahora el momento de que las industrias y la gran distribución alimentaria interioricen la función social de sus negocios. Deben ser conscientes de que pagar algunos céntimos más a los productores agrarios puede asegurar la rentabilidad de muchas familias, y de que contribuir al desarrollo de la agricultura es un modo de ayudar a la cohesión de los territorios rurales y, de paso, legitimar socialmente su función como empresarios.

¿Qué pueden hacer los consumidores?

Los consumidores tenemos un papel fundamental en todo esto. No sólo debemos exigir transparencia en el etiquetaje, sino también comprometernos con los productos locales vinculados al territorio, estando dispuestos a pagar algunos céntimos más si ello significa mejorar la renta de los agricultores. Es una forma de llevar a la práctica el concepto de “ciudadanía alimentaria”, apoyando fórmulas de venta directa y mercados de proximidad.

Esto no quiere decir caer en un españolismo localista y provinciano, pensando que lo nuestro es lo mejor. Tampoco es cerrar las puertas a la entrada de productos de fuera, ya que si todos los países hicieran eso no habría posibilidad alguna de desarrollar los intercambios comerciales, y la vocación exportadora de algunas de nuestras producciones se vería cercenada. Pero sí pensar, al menos, que lo nuestro puede ser tan bueno o mejor que lo foráneo, y que merece la pena consumirlo si con ello contribuimos al desarrollo de nuestros territorios rurales.

En este sentido, y a título de ejemplo, cabe señalar que el sector frutícola es uno de los que más están sufriendo las consecuencias de la crisis de precios, siendo además un sector que no recibe ayudas directas de la PAC. Por eso, quizá sea el momento de promocionar el consumo de fruta en el sector de la restauración y el catering, un producto de alto valor nutritivo, pero que no suele estar presente en los menús y las cartas de los restaurantes ni tampoco en los comedores escolares. Algo parecido cabe decir del consumo nacional de aceite de oliva, que ha descendido en los últimos años, y que precisaría de campañas internas de promoción para fidelizar al consumidor de Burgos, Coruña o Salamanca antes que al de China o EE.UU.

Tejer alianzas

La actual crisis agraria es en el fondo un asunto de ir tejiendo alianzas entre los agricultores, los agentes de la cadena alimentaria y el conjunto de la sociedad, tal como se hace en otros países europeos que sienten la agricultura como algo de toda la sociedad y no sólo de los agricultores.

En este sentido, los poderes públicos pueden y deben desempeñar un relevante papel de intermediación ayudando a tejer esas alianzas para facilitar que todos (productores, industrias, distribución, restauración, consumidores…) converjan en pro de un interés general que trascienda el estrecho ámbito de los intereses particulares.

En definitiva, a todos, seamos o no agricultores, nos apela esta crisis que, además de coyuntural, es también estructural y sistémica. Todos debemos sentirnos concernidos por ella, ya que es un problema no sólo del sector, sino de España como país. También de la UE, en tanto la agricultura es uno de los grandes bastiones del proyecto de integración europea.

Eduardo Moyano Estrada es ingeniero agrónomo y sociólogo. Es profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

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