Ayuntamiento de Villar del Río (Soria)

¿Que sucederá con las competencias en desarrollo rural?

Un fuerte runrún se escucha entre bambalinas ministeriales sobre quién gestionará los fondos de desarrollo rural. ¿Se quedarán finalmente en Agricultura?
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Cada vez que se forma un nuevo gobierno, se genera una expectación nerviosa hasta conocer a los titulares de las carteras y la estructura de los Ministerios. Los nervios son comprensibles, porque cada nuevo gobierno, organiza el ejecutivo de acuerdo a sus prioridades y su visión estratégica y la impronta se traduce en cambios. En algunos casos la “innovación” se va de la mano, y aunque el nuevo gobierno “sea de los tuyos” con ciertas decisiones sientes que “la camisa no te llega al cuello”.

En esta última semana, los rumores sobre el traspaso de las competencias de Desarrollo Rural al nuevo Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico están siendo uno de los temas de honda preocupación. La reacción de rechazo no se ha hecho esperar y a las OPAs y los colegios profesionales, empiezan a sumarse las Comunidades Autónomas de uno y otro signo. La primera ha sido Aragón a través de su consejero, pero en Baleares, hoy mismo, el “Consell Agrari Interinsular” ha aprobado una resolución presentada por Cooperativas Agroalimentarias y por las OPAs pidiendo a Sánchez que se mantengan las competencias tal y como están.

Mientras Planas a las puertas del Consejo Consultivo celebrado hoy en Madrid, situaba las competencias y la gestión de los fondos de Desarrollo Rural en su cartera, Ribera nombra como Subsecretario de Estado del Ministerio, a Miguel Ángel González Suela, un veterano en cuestiones de medio rural en lo que parece ser un mensaje de que hay debate.

Dicho todo esto, y reconociendo que hay sectores y organizaciones que apuestan por este cambio, me he permitido expresar mis razones y alguna que otra reflexión por las que ahora mismo defiendo que las competencias del II Pilar de Desarrollo Rural se mantengan en Agricultura.

Por qué mantener el desarrollo rural en el Ministerio de Agricultura

Un primer foco del debate está en las competencias de la nueva Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Respecto a esto nada que decir. Al contrario, me parece una buena noticia que estos dos retos de la sociedad estén bajo una misma Vicepresidencia. Sin embargo, me gustaría haber visto recogido el segundo de los retos del Ministerios en la estructura básica que refleja el BOE, pero lamentablemente no hay pistas de ello.

Siguen las mismas dos Secretarías de Estado que existían con el anterior Ministerio. El nombramiento del nuevo Subsecretario no resuelve nada en este punto. Será Subsecretario de Estado de todo el Ministerio, no de la parte del Reto Demográfico, por otra parte, su papel fue como Director General de Servicios del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

No obstante, por las informaciones que llegan parece que, si que hay intención de que cuanto menos, el encaje se haga a través de una Secretaría General que no sabemos si se llamará del Reto Demográfico, de Lucha contra la Despoblación o de “España Vaciada”. Parece que la idea es crear una estructura administrativa que tenga competencias de gestión, y el problema viene ahí, porque la “Lucha contra la Despoblación” es un objetivo político transversal. Implica terminar de definir la famosa Estrategia Nacional que llevamos dos años esperando, empezar a coordinar a los Ministerios implicados en cada medida, y articular una estrategia concreta para su aplicación territorial.

Lógicamente tendrá que tener una estructura funcionarial y presupuestaria básica que le permita avanzar, pero mucho de su desarrollo dependerá de la capacidad de unir voluntades de la persona que esté al mando.   

En segundo lugar, está el asunto del Desarrollo Rural. Hemos insistido tanto en que es imposible luchar contra la despoblación sin desarrollo rural, que al final la propia vicepresidenta se ha convencido de ello y ahora reclama estas competencias. Pero el problema es que “El Desarrollo Rural” que necesitamos como política de estado ligada a la cuestión de la despoblación, es mucho más que “El Desarrollo Rural” que gestiona el Ministerio de Agricultura.

Aquí es donde entra en juego la Ley 45/07 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Nos hartamos de reivindicar su actualización y su aplicación, y finalmente en el Acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, aparece como compromiso. Todos sabemos que uno de los errores de esta ley en su origen, fue hacerla depender del Ministerio de Agricultura, y siempre dijimos que le correspondía a la propia Presidencia o a una Vicepresidencia.

Aquí tiene el MITECO otra de sus patas para poder desplegar sus competencias. Reformar y adaptar esta ley, impulsar la coordinación de todos los Ministerios implicados, definir las zonas prioritarias, impulsar la elaboración de los Planes de Zona, firmar los Acuerdos con las CCAA para ejecutarlos, evaluar los Planes de Zona, en fin, mucho trabajo útil que todos esperamos que alguien desarrolle.

Reclamar las políticas de Desarrollo Rural que se gestionan desde el Ministerio de Agricultura no es lo que necesitamos, y ocasionará más problemas que beneficios.

El Desarrollo Rural del MAPA se corresponde con el II Pilar de la PAC, y es una parte indisoluble de la Política Agraria Común. No se pueden entender este II Pilar de forma disociada del I Pilar puesto que los objetivos son únicos. Una de las cosas buenas de la futura PAC está en que, a través de los Planes Estratégicos Nacionales, se fortalece el carácter de planificación única y coherente.

En este punto hay que salir en defensa del trabajo que está realizando el MAPA para lograr presentar el Plan en Bruselas y negociar la mejor PAC posible.  Los 9 objetivos específicos que definen el Plan Estratégico Nacional que prepara España, se alcanzarán tanto con las ayudas directas, como con los ecoesquemas, las ayudas asociadas, las de mercados, y desde luego con las medidas y ayudas de desarrollo rural. Arrancar este trozo de la gestión del Plan Estratégico Nacional de la futura PAC significa privar al Ministerio de medidas esenciales para alcanzar los objetivos. Arrancar en este momento, este trozo, implicará una dificultad enorme en el proceso final de definición y negociación ante Bruselas. Arrancar en este momento este trozo de la PAC implicará amputar al Ministerio la posibilidad de ejecutar el Plan Estratégico como un todo integral y negarle que pueda corregir o reformar cuando existan desviaciones.

Es cierto que el pilar de Desarrollo Rural tiene un impacto muy importante sobre el medio ambiente. Cómo no. Hablamos de gestión del territorio y desde el mundo rural y el sector agrario siempre lo hemos sabido. Pero esto tampoco justifica el pasar este bloque a la gestión del MITECO. La futura PAC tendrá el compromiso de orientar entre un 30% o un 40% del presupuesto a los objetivos del clima. Pero este compromiso no está solo en las ayudas de desarrollo rural, también las ayudas directas forman parte de este compromiso.

Pero al mismo tiempo, despojar al Ministerio de Agricultura de las medidas de desarrollo rural implica despojarle de su capacidad para favorecer la tan necesaria transición ecológica del sector agrario, ganadero o forestal. El Ministerio de Transición Ecológica no puede aspirar a concentrar todos los instrumentos y ayudas para favorecer la transición que afectan a todos los sectores económicos o ámbitos de la vida.

Por último, si finalmente esto se queda en un susto, deberíamos sacar algunas lecciones. En primer lugar, que la Secretaría General que se cree para afrontar el reto de la despoblación, deberá asumir el compromiso de una política de estado de desarrollo rural que en este momento se concreta en la famosa Ley 45/07 de “marras”. Esto se debería haber hecho mucho antes y hoy, el reto de la despoblación estaría encauzado de otra manera.

En segundo lugar, el futuro Plan Estratégico Nacional debe ser ambicioso respecto a los retos relacionados con el cambio climático y medio ambiente. La actitud de la administración agraria en muchas ocasiones parece a ojos ajenos poco clara en este punto y un poco complaciente con los impactos de un modelo productor para el que hay que buscar una transición justa, pero con pasos reales.

En tercer lugar, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debería dejar a un lado sus “inercias”, y empezar a ser mucho más proactivo; tomar iniciativas para afrontar retos nuevos, afrontar cuestiones históricas, impulsar ideas y proyectos nuevos y ampliar sus espacios de actuación de manera que sea un Ministerio con proyección más allá del propio sector productor, mirando a los reclamos de la sociedad.

Por último, el Ministerio de Agricultura tiene que tomarse muy en serio la política forestal por su potencialidad en numerosos frentes que no es el momento de desarrollar. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene que ponerse a trabajar desde ya para reconstruir un pacto social entre la gente de nuestro país con los agricultores, ganaderas o pescadores que luego echamos de menos. 

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