Pistoletazo de salida a la Ley frente a la despoblación de Castilla-La Mancha

El 23 de diciembre de 2021 se publicó en el Diario oficial de Castilla-La Mancha la Estrategia regional frente a la despoblación 2021-2031, una Estrategia que cuenta con una financiación para el período de 3.322.055.590 euros, contando fondos propios, nacionales y europeos.

Grafico1. Presupuesto total de la Estrategia regional frente a la despoblación 2021-2031

La publicación de la Estrategia ha sido el último trámite para poner en marcha la Ley 2/2021 de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla La Mancha, que se aprobó en las Cortes por unanimidad y que entró en vigor el 1 de junio de 2021. Uno de los instrumentos más importantes para la aplicación de la ley, es el Decreto que establece las categorías de zonas rurales de los municipios de Castilla La Mancha, también aprobado y publicado.

Todo el proceso de elaboración de la ley, desde que se publicó el borrador para consulta pública hasta la aprobación de la Estrategia, ha durado poco más de un año y eso con un alto grado de participación y en plena pandemia de COVID, destacando como desencadenante de la ley el Manifiesto de Sigüenza, de 2018, promovido por los Grupos Leader de Guadalajara, en el Foro de Desarrollo Rural Pueblos con Futuro, que convocó a más de 500 personas, entre empresarios, agricultores, ganaderos, profesionales de diversos sectores, etc.

Una Ley notable

La ley es notable por su elaboración, pero más por su contenido. No sólo contempla la planificación administrativa de las políticas que afectan al medio rural y la coordinación de las unidades que las aplican, sino que establece derechos individuales directos, derechos de las personas, a los que se asignan ayudas por su municipio de vecindad en determinadas zonas rurales, desde este mismo año, sin convocatorias ni solicitudes. Esto ocurre con las bonificaciones fiscales en los impuestos que dependen de Castilla-La Mancha, como el tramo autonómico del IRPF y también ocurre con las convocatorias de ayudas públicas que tienen incrementos de la intensidad de ayuda de hasta el 40% en municipios pequeños de extrema despoblación (Tabla 1).

Tabla 1. Principales incentivos fiscales e incrementos en subvenciones

		Zonas escasamente pobladas		Zonas en riesgo de despoblación
	Municipios y núcleos de población	Extrema despoblación	Intensa despoblación
	<2.000 ha.	Bonificación 25%	Bonificación 20%	X
Residencia habitual. IRPF	>2.000 ha. <5.000 ha.	Bonificación 20%	Bonificación 15%	X
Adquisición o rehabilitación de vivienda habitual. IRPF	<5.000 ha.	Deducción 15%	Deducción 15%	X
Traslado de vivienda. IRPF	Todos	Deducción 500€ dos años	Deducción 500€ dos años	X
Adquisición vivienda habitual. ITP-AJD	Todos	Tipo aplicable 3%	Tipo aplicable 4%	Tipo aplicable 5%
Gastos notario adquisición vivienda habitual. ITP-AJD	Todos	Tipo aplicable 0,15%	Tipo aplicable 0,25%	Tipo aplicable 0,50%
Adquisición sede social o local de negocio. ITP-AJD	Todos	Tipo aplicable 1%	Tipo aplicable 2%	Tipo aplicable 3%
Gastos notario adquisición sede social o local de negocio. ITP-AJD	Todos	Tipo aplicable 0,10%	Tipo aplicable 0,15%	Tipo aplicable 0,25%
Gastos notario actos suelos industriales o terciario. AJD	Todos	Bonificación 95%	Bonificación 85%	Bonificación 75%
Ayudas a proyectos empresariales	<2.000 ha.	Puntuación adicional 40%	Puntuación adicional 30%	Puntuación adicional 20%
Ayudas a proyectos empresariales	>2.000 ha.	Puntuación adicional 30%	Puntuación adicional 20%	X
Ayudas a proyectos empresariales	<2.000 ha.	Incremento intensidad de ayuda 40%	Incremento intensidad de ayuda 30%	Incremento intensidad de ayuda 20%
Ayudas a proyectos empresariales	>2.000 ha.	Incremento intensidad de ayuda 30%	Incremento intensidad de ayuda 20%	X

ITP: Impuesto de transmisiones patrimoniales
AJD: Actos jurídicos documentados
Las bonificaciones fiscales están condicionadas al cumplimiento de las condiciones de la Disposición final novena de la Ley 2/2021
Las puntuaciones adicionales e incrementos de la intensidad de ayuda indicadas son cantidades máximas

Qué es rural y qué no lo es

El instrumento imprescindible para poder aplicar estas medidas ha sido la definición de zonas rurales por el Decreto mencionado. Las zonas rurales son agrupaciones de municipios con características similares, para lo que se ha tenido en cuenta, no sólo el número de residentes y la densidad municipal, sino también la distancia a los servicios públicos medida en tiempo o los usos del suelo, como se ha defendido entre expertos economistas y demógrafos, como Ernest Reig Martínez y otros en la obra “Delimitación de áreas rurales y urbanas a nivel local” (Fundación BBVA 2016).

Dije en El Diario Rural en enero de 2020, que “puede parecer increíble, pero no existe una definición general aplicable a todas las políticas y válida para todas las administraciones, sobre lo que es rural o lo que es despoblado”. En otras palabras, en España no sabemos qué es rural y qué no lo es. La ruralidad depende del Ministerio competente y para cada actuación. Eso es lo que ha venido a remediar la Ley 2/2021 en Castilla-La Mancha, con unas definiciones de uso común de todas las Consejerías y para todas las políticas. Hasta ahora, cada administración y cada unidad (sanidad, educación, transportes) aplicaba sus propias definiciones del rural siempre referido a términos municipales, como por ejemplo, pueblos menores de 5.000 o 2.000 habitantes, lo que impedía aplicar una política coherente e integral. Además, no se tenía en cuenta si estábamos hablando de un pueblo de montaña a una hora y media del hospital más cercano o si estábamos en un pueblo residencial a 10 minutos de una capital. Tampoco es equitativo medir la ruralidad de un municipio basándose exclusivamente en la densidad.

Los precedentes de la Ley

Hay que mencionar un precedente de esta ley, que fue la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible del medio rural, que tenía los mismos objetivos y era de aplicación nacional, pero el sistema de gestión resultó muy complejo, las zonas rurales definidas eran pocas, los criterios para concretarlas, difusos, y lo peor es que no había dinero. La puesta en marcha de la ley fue larga y compleja y cuando ya estaba a punto, el primer gobierno Rajoy en 2011 suprimió los fondos para la despoblación y la ley se abandonó.

La Ley 2/2021 no tiene ninguno de estos defectos, por lo que se puede afirmar que por primera vez se pone en marcha en España, una ley que de verdad puede atajar el problema de la despoblación, eso sí, se limita a Castilla-La Mancha.

Cuando digo que la despoblación es un problema, no me refiero a que sea un problema matemático. No es un problema de ciencia, ni de técnica. No hay, ni habrá, un algoritmo para resolver la despoblación. La despoblación es el resultado de sesenta años de aplicar un modelo de industrialización acelerado que primaba las aglomeraciones urbanas y forzaba la emigración de los españoles dentro de su propio país.

Arreglar el destrozo del medio rural que se inició en 1960 y sorprendentemente se mantuvo en la democracia, se necesitará tiempo y dinero. En los 60, más de tres millones de personas se desplazaron de los pueblos a media docena de ciudades en diez años, lo que supone un 10% de la población en aquel momento y sin contar con la emigración que ya se estaba produciendo a Europa, para la que se creó un Instituto Nacional de Emigración en 1956 que facilitaba los trámites. Para el dinero, necesariamente, se va a necesitar solidaridad territorial, como dice el artículo 138 de la Constitución o cohesión territorial, como dice el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se refieren a lo mismo: crecimiento económico con equilibrio.

El equilibrio territorial es un objetivo prioritario y tiene un fundamento económico además de social. Y es un objetivo europeo, en la línea de pensamiento de “no dejar a nadie atrás” que ha reafirmado la presidenta Ursula von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión el pasado 16 de septiembre de 2020. La igualdad está en el ADN de Europa.

Discriminación positiva para las zonas desfavorecidas

Volviendo al tema principal, otra lección de la Ley 2/2021, es ejercer una discriminación o incentivación, si se prefiere, en favor de las zonas desfavorecidas. Aquí no se trata de que una consejería convoque unas ayudas de vez en cuando, con un presupuesto limitado y para pueblos, pongamos de menos de 5.000 habitantes. No, aquí se trata de dar un tratamiento favorable en todas las convocatorias, sea la que sea la consejería que convoque y para territorios homogéneos, no municipios, que reúnan el mismo grado de despoblación, no de habitantes. Estos mismos criterios que se aplicarán a las convocatorias, se aplicarán también a los programas de infraestructuras y servicios públicos.

La Ley 2/2021 representa un avance en la forma de afrontar la despoblación, más allá de los aspectos de detalle que pueden ser modificados. La despoblación es un problema transversal, para el que hay que convocar a todas las unidades administrativas, cada una con su presupuesto y competencias, pero con un instrumento jurídico único y una estrategia común, en lugar del anticuado planteamiento sectorial, que consiste en designar una sola unidad competente con su presupuesto, mientras las demás no se dan por aludidas.

Un ejemplo para otras comunidades autónomas

Es razonable pensar que otras comunidades autónomas sigan este planteamiento de programación integral y territorial. También sería deseable que el Estado incorporara a todos los ministerios a la lucha contra la despoblación. Además de asignar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el peso de la estrategia nacional frente al reto demográfico, otros ministerios, como Hacienda y Función Pública, Asuntos Económicos y Transformación Digital o Política Territorial, tienen competencias e instrumentos decisivos para trabajar frente a la despoblación que están exclusivamente en sus manos y no todo es cuestión de dinero. Pero este tema merece un comentario especial y más amplio otro día.

Para terminar, la lección más importante de la Ley 2/2021, ha sido demostrar que se puede poner en marcha una política rural solidaria y moderna, en poco tiempo, en una región, a iniciativa de una comunidad autónoma y sin vincularla a la previa disposición de fondos adicionales.