Las uvas de la ruina

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Un viticultor, vendimiando sus viñas en la Ribera del Duero. Foto: EDR.

Los viticultores están en pie de guerra. Los temores que el sector confesaba hace unos meses se han confirmado y los precios que las bodegas están pagando por la uva son hasta un 30% más bajos que hace un año. A pesar de que la recientemente modificada Ley de la cadena alimentaria obliga a cubrir los costes de producción, los agricultores denuncian que esa cláusula no se está cumpliendo.

Detrás de esas malas prácticas, que no son nuevas pero sí parecen estar agravándose en esta vendimia, está el descenso de consumo de vino durante la pandemia, debido al parón de la hostelería y al bajón del turismo. Ante esa caída de las ventas, las bodegas están ajustando los márgenes para no perder, o perder lo menos posible, a costa, eso sí, de los viticultores.

Las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, se han unido para exigir a las Administraciones y a las bodegas que eviten que la vendimia 2020 sea recordada como “una de las más ruinosas de la historia”.

Que las bodegas cumplan la Ley

A los compradores de uva, los agricultores les reclaman el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria, fundamentalmente en lo referente al precio al que pagan las uvas. Algunas bodegas están actuando “con coacciones y de forma desleal”, denuncian, obligando al productor a manifestar expresamente que no vende la uva a un precio inferior a sus propios costes de producción. “Una práctica inmoral e ilegal”, afirman.

La realidad es que no está claro quién y cómo determinar dichos costes. Queda pendiente un trabajo más activo por parte de las consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas, así como por parte de la agencia AICA, como las propias organizaciones agrarias reconocen.

Los precios que se están pagando en esta vendimia son hasta un 30% inferiores a los del pasado año. Para el sector no hay causas que justifiquen dicha caída: las previsiones para la vendimia 2020 hablan de una producción menor a las estimaciones iniciales, en torno a los 41-43 millones de hectolitros, en línea con la media de las últimas cinco campañas. Las existencias a final de campaña de vino y mosto son de 36,6 millones de hectolitros, inferiores en un 6,7% a las de la anterior campaña. Eso en cuanto a la producción.

Sin embargo, en su denuncia, las organizaciones agrarias ignoran la caída de las ventas que afrontan las bodegas, que la Federación Española del Vino cifra entre un 20 y un 40% en esta campaña, a pesar de que el consumo en los hogares se disparó durante el confinamiento por encima del 60%.

El papel de las Administraciones

Una situación complicada para todos, viticultores y bodegas, ante la que las Administraciones pueden actuar con planes de ayuda, como los que se están articulando en los más diversos sectores. En julio, el Ministerio de Agricultura ya anunció un primer plan de apoyo, que sin embargo el sector considera insuficiente.

Los agricultores piden ayudas directas para las explotaciones vitícolas de hasta 25.000 euros; retirada de un 15% del vino para destinarlo a la destilación -y que termine convertido en los omnipresentes botecitos de gel hidroalcohólico-; así como unos controles mucho más estrictos para que, con la Ley de la cadena en la mano, los precios de la uva cubran de forma efectiva los costes que deben afrontar los viticultores.

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