El senderismo, mucho más que un deporte

Durante la pasada legislatura del Parlamento de Andalucía, la actividad parlamentaria propició sendas iniciativas destinadas a recuperar y poner en valor el patrimonio viario público andaluz, en parte motivada por la movilización de ciertos agentes sociales y, en parte, por la sensibilidad de algunos grupos parlamentarios.

Entre ellas, se aprobó el 20 de abril de 2017 la Ley de regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se registró la proposición de ley relativa a caminos públicos rurales de Andalucía, que, si bien fue admitida a trámite por mayoría, ésta no llegó a aprobarse debido a la disolución del Parlamento.

Ambas iniciativas partían del reconocimiento de que los caminos y senderos rurales son parte integrante del dominio público viario que tiene en la actualidad más funciones y usos que los tradicionales.

Los caminos rurales son cultura

En efecto, representan en sí mismos una expresión rotunda del acervo cultural viario de nuestro país, en tanto que actividades como la agricultura, la ganadería, la forestal, la trashumancia o la caza, han girado tradicionalmente en torno a los llamados caminos rurales. Por tanto, necesitan ser mantenidos, protegidos, ordenados y conservados. Y, por ese motivo, desde años atrás se viene demandando por los agentes sociales y económicos la necesidad de dotar a las administraciones de una norma que potencie esas competencias, como parte del desarrollo sostenible del medio rural.

Las dos iniciativas parlamentarias han puesto de relevancia el papel que la difusión del senderismo ha ejercido en los últimos años en el reconocimiento de los valores del patrimonio viario rural. Porque el senderismo reúne unas características que van más allá de los valores que como deporte le son propios, habiéndose convertido en todo un motor económico y social en muchas áreas rurales y espacios naturales.

El valor del senderismo

Ciertamente, el uso turístico y no sólo deportivo de los senderos genera un importante valor para las principales economías de Europa, destacando el Reino Unido, donde esta actividad tiene un impacto económico de 6.500 millones de euros al año, según la Comisión Europea. En este sentido, se debe valorar la oportunidad que suponen los 100 millones de senderistas-turistas que hay actualmente en Europa para la generación de empleo de calidad y la dinamización económica del medio rural en España.

Según los datos publicados por el Gobierno de la nación, en España existen 2 millones de senderistas habituales y 16 millones anuales de visitantes a espacios naturales protegidos, entre los que el senderismo se ha convertido en la principal demanda de uso y disfrute. Además, esta actividad se ha convertido en el tercer deporte más practicado en nuestro país, según el Consejo Superior de Deportes. Tan solo en Aragón, el senderismo genera un impacto directo de 200 millones de euros al año con motivo del desarrollo de esta actividad económica.

Andalucía, a la vanguardia en la protección del senderismo

Y, aunque bien es cierto que con anterioridad siete Comunidades Autónomas habían abordado la señalización de senderos mediante Decreto, la norma andaluza fue la primera en otorgar a esta materia rango de Ley (en la que, además, se han inspirado otras normas posteriores en Baleares y Región de Murcia).

Por tanto, el Parlamento de Andalucía se puso a la vanguardia con el primer debate acerca de las implicaciones ambientales, deportivas o turísticas del senderismo, abriendo así un camino novedoso para la consolidación de los usos tradicionales de los senderos y la incorporación de los nuevos usos de este importante patrimonio público.

Por todo lo anterior, Andalucía cuenta con un extraordinario potencial para multiplicar el valor añadido de la práctica del senderismo en sus espacios naturales y áreas rurales, gracias a la citada Ley 3/2017, de 2 de mayo, de Regulación de los Senderos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como al desarrollo de la misma con el Decreto 67/2018, de 20 de marzo, por el que se regulan los senderos de uso deportivo en Andalucía, contando actualmente con más de 10.000 kilómetros señalizados y homologados.

Además, Andalucía alberga más de 500 kilómetros de vías verdes y 8.000 kilómetros de vías pecuarias deslindadas, que podrían llegar a ser 31.000 de deslindarse todas las vías pecuarias andaluzas. Asimismo, por el territorio andaluz discurren 1.116 kilómetros del Camino de Santiago y alrededor de 23.000 kilómetros de senderos forestales catalogados actualmente por la Junta de Andalucía.

Asignatura pendiente

Los 60.000 kilómetros de caminos públicos de Andalucía, muchos actualmente usurpados ilícitamente por propietarios de tierras colindantes, también hubieran podido sumarse a los magníficos activos que tiene esta tierra, de haberse podido aprobar la Proposición de Ley relativa a caminos públicos rurales de Andalucía. Queda, por tanto, pendiente como asignatura en el futuro.

En conclusión, con esta riqueza patrimonial y una gestión eficiente y coordinada de dichos recursos, Andalucía ha dado el primer paso para convertirse en una potencia en el ámbito del senderismo, apostando por este sector económico como estrategia para la cohesión territorial, la fijación de población rural y la conservación del medioambiente. Su ejemplo es interesante para otras Comunidades Autónomas.