La solución a la crisis agraria "va para largo", pero empecemos a trabajar con lo que tenemos

“Va para largo”. El diario El País titulaba así su editorial de hace unos días. El texto sembraba dudas sobre la eficacia de las medidas adoptadas, y alertaba del fracaso que supondría que el incremento de precios se trasladase al consumidor. Dicha editorial ha sido contestada en algún punto, pero plantea algo que ni los agricultores y agricultoras, ni las organizaciones, ni el resto de actores implicados podemos olvidar: El camino de la solución a las justas demandas no ha hecho más que empezar y no se resuelve ni mucho menos con este primer Decreto Ley.

El propio ministro anunció en sede parlamentaria una serie de reformas en los próximos meses. A esta primera reforma de la ley de la cadena alimentaria le seguirá una reforma más profunda resultado de la trasposición de la Directiva 219/633 de prácticas desleales en la cadena agroalimentaria. También será necesario fortalecer la integración cooperativa, una reforma de la ley de organizaciones interprofesionales, un fortalecimiento de la política de seguros, la reforma del sistema agrario de la seguridad social, e incluso la solución a la cuestión de la representatividad en el sector.

Ya han sido varios los análisis del RD Ley 5/2020 de 25 de febrero de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, y los hay para todos los gustos. Para mí lo más importante es que el ministerio apuesta por un mayor equilibrio y justicia en la cadena alimentaria. Con la reforma, el ministerio trata de incidir en la creación del valor a lo largo de la cadena e incidir en cómo se traslada y se distribuye a través de un precio justo.

Una posición política frente a un problema real

De alguna manera, el ministerio adopta una posición política, y aquí lógicamente empezarán a aparecer los que piensan que las medidas van en la buena dirección, y los que consideran que son un atentado al libre mercado. Conociendo la tabla de reivindicaciones que las organizaciones agrarias convocantes plantearon al Gobierno, y lo que finalmente se ha aprobado, sin duda, muchas propuestas importantes se han quedado por el camino. Para un análisis exhaustivo de los cambios introducidos en la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria, y las posibles dudas, resulta muy útil el documento de análisis técnico elaborado por COAG.

Pero mientras todo esto va llegando, me voy a situar en dos claves: La primera, consolidar la idea de un sector agrario mucho más activo y fuerte, y que va a mantener la vigilancia y la presión social. La segunda, la obligación y responsabilidad de ir aplicando los cambios que poco a poco vayamos teniendo.

La conquista de unas movilizaciones históricas

Respecto a la primera. No puedo ocultar que me siento emocionado con las movilizaciones de los «agricultores al límite» y en este momento prefiero ver todos los elementos positivos. La situación actual nada tiene que ver con la atonía que dominaba el campo hace apenas dos años. Llevamos cinco semanas de movilizaciones históricas. El mayor ciclo de movilización agraria desde los años 70 en España. Hoy tenemos unas organizaciones agrarias convocantes, tanto a nivel estatal como autonómico, que han actuado con unidad e inteligencia incluso frente a provocaciones, y que sin duda han salido fortalecidas de este proceso.

Tenemos una mayoría de la sociedad que empatiza con la causa de #AgricultoresAlLímite y que ha mostrado su apoyo generalizado. Un Gobierno progresista y claramente reactivo, que ha decidido responder a las demandas sociales entre las cuales se ha colado esta que, sin duda, ni se imaginaba. Un Ministerio de Agricultura que ha tenido que romper su inercia, y que, a partir de ahora, va a tener que salir de su espacio de comodidad.

Finalmente, tenemos una primera propuesta de reforma de la Ley de la cadena alimentaria, que aborda temas impensables hace unos meses y que introduce conceptos muy novedosos y sociales para el campo, como la referencia a precios que cubran costes de producción o el concepto de “destrucción de valor a lo largo de la cadena” (Nuevo Artículo 12 ter de la ley).

Empecemos a aplicar la reforma de la Ley

A partir de todo esto, lo que nos toca es demostrar que esta reforma es viable y que se puede aplicar. Es necesario trabajar mucho para despejar todas las dudas e incertidumbres que desde luego existen. Para empezar, espero que a nadie se le ocurra proponer la tramitación del Decreto Ley como Proyecto de Ley pensando que así se pueden presentan enmiendas que mejoren su contenido. Por mi experiencia, esto solamente retrasaría al menos seis meses la puesta en marcha de un decreto que necesita de bastante certidumbre y trabajo. Al abrir el melón de las enmiendas, nadie sabe cómo pueden acabar.

Entrando en el contenido, la reforma tiene varias claves esenciales. Es fundamental el concepto de “destrucción de valor en la cadena” que se recoge en el nuevo artículo 12 ter. También la ampliación del concepto de precio en el contrato alimentario que a partir de ahora debe contemplar los costes de producción, y que se recoge en el artículo 9.1.c y j. La obligación de un pacto previo respecto a las actividades promocionales que se recoge en el artículo 12 bis es muy importante. Pero, además, la reforma pone el foco en el contrato alimentario. La contratación en el sector agrario se convierte en el primer escalón clave desde donde podemos controlar toda la cadena alimentaria.

Por dónde empezar

Hay dos tareas esenciales en las que debemos trabajar. En primer lugar, definir la manera en la que vamos a establecer los precios de referencia y los costes de producción. Siendo conscientes de la diversidad de circunstancias, sistemas y modelos de producción habrá que establecer alguna metodología común. Nos imaginamos que el Observatorio de la Cadena Alimentaria y el Observatorio de Precios ya estarán trabajando en una propuesta que ordene todo el entramado de fuentes de información de que disponemos. Habrá que integrar la información que suministra la propia red de Mercasa, al funcionamiento de la red de lonjas o la propia ECREA (Estudio de Costes y Rentas de las Explotaciones Agrarias) como fuente de información. Ponerse de acuerdo en este punto es prioritario.

En segundo lugar, poner la fuerza en la mediación y control sobre los contratos agrarios. La realidad es que, hasta ahora, la vigilancia sobre la contratación en el sector había sido casi nula. La AICA no puede llegar a todo, y la colaboración de las Comunidades Autónomas, salvo excepciones, era más bien escasa. La Sentencia del Tribunal Constitucional 66/2017, de 25 de mayo de 2017 nos recordó que las competencias en el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria no son exclusivas de la AICA, sino que es compartida con las Comunidades Autónomas, y ha llegado el momento de hacerlo efectivo. El Ministerio ya lo ha dicho en varias reuniones: Para que esta reforma sea efectiva, es imprescindible contar con el compromiso y la responsabilidad de las Comunidades Autónomas.

Articulando los tres elementos; Definir la forma de establecer precios de referencia y costes de producción, poner la fuerza del control en los contratos, y la implicación de las Comunidades Autónomas, hay que buscar una fórmula práctica que nos permita avanzar. La mejor forma es hacerlo por campañas y que cada Comunidad Autónoma decidiéramos en función de nuestra realidad sobre qué campañas vamos a empezar a trabajar. Para que las Comunidades Autónomas pudiéramos asumir con seguridad y rigor este enorme reto, sería bienvenido un trabajo casi de asesoramiento colaborativo de la AICA y el propio Ministerio con las Comunidades que lo demanden.

Cuestiones pendientes de abordar

Para ir terminando. Sin duda hay cosas que se quedan sin abordar y que son muy importantes. Por ejemplo, la necesidad de extender la aplicación de la ley de cadena alimentaria al canal HORECA (Hostelería, Restauración y Catering) como pedían las organizaciones suprimiendo su exclusión del artículo 5 de la ley de cadena alimentaria. Cuestión nada fácil, pero muy importante en territorios como las Illes Balears.

También se queda para un segundo momento el debate sobre los precios que deben pagar los consumidores por los alimentos de acuerdo a lo que debe ser de justicia. Un debate mucho más filosófico, pero con repercusiones muy concretas. Todas ellas deberíamos poderlas abordar en el segundo tiempo cuando haya que trasponer la Directiva Europea, pero mientras tanto, hay camino para trabajar. NO desaprovechemos la oportunidad.

Fernando Fernández Such es experto en Políticas Agrarias y Desarrollo Rural y jefe de Gabinete de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Balear.

Foto destacada: Protesta de los agricultores al límite en Cáceres. Foto: UPA

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